La ministra de Hacienda ha presentado el viernes día 9 de enero, el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, tras el visto bueno de Esquerra Republicana, después de la reunión del presidente del Gobierno con Oriol Yunqueras, donde se prometió garantizar el principio de ordinalidad y una financiación adicional para Cataluña de cerca de 5.000 millones de euros anuales. Sin embargo, no nos encontraríamos ante un nuevo sistema sino ante una modificación del existente y regulado en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
La reforma que entraría en vigor en 2027, parte de un dato fundamental para el reparto de los ingresos tributarios entre las Comunidades Autónomas, el dato de la población ajustada de cada Comunidad, fijado de acuerdo con los siguientes criterios: población padrón (39%), población protegida equivalente (38%), educación hasta los 17 años (17%), educación para habitantes entre los 18 y los 24 años, incluyendo los alumnos desplazados (3,5%), servicios sociales para mayores de 65 años (7%), servicios sociales para parados sin prestación (1,5%), dispersión (0,5%), superficie (1,6%), costes fijos (0,4%) e insularidad (0,5%). Debemos resaltar que la ponderación del criterio de superficie con el 1,6% y el de dispersión de la población con el 0,5% no benefician a la Comunidad de Castilla y León.
La reforma ampliaría los porcentajes de recaudación de los impuestos estatales cedidos a las Comunidades Autónomas: se incrementa la cesión del IRPF, del 50% al 55% y el del IVA, del 50% al 56,5%. Con esto, los recursos aumentarían en 16.000 millones de euros para el año 2027, lo que beneficia a las Comunidades más ricas, con mayor renta y consumo. Al mismo que se incluyen en el sistema los nuevos impuestos: el impuesto de patrimonio, sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. La solidaridad interterritorial se garantizaría mediante la aportación, por aquellas Comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado superior a la media del 75%, del diferencial entre su financiación y la media nacional. La nivelación vertical resulta de disminuir en 2/3 la distancia de cada Comunidad respecto de la región con más recursos, lo que perjudica claramente a la Comunidad de Madrid. Las Comunidades Autónomas podrán recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio durante cinco años, lo que beneficia de nuevo a las Comunidades más desarrolladas. Por otra parte, el Fondo de cambio climático beneficiará a la periferia peninsular, dado que las Comunidades del litoral mediterráneo recibirán 2/3 del fondo. Por último, se intentará perjudicar la Comunidad de Madrid al poner límites de las deducciones fiscales actuales, sobre la base de un falso dumping fiscal.
En resumen, la reforma del sistema pretende incluir en el reparto una suma adicional de 21.000 millones de euros, pero sin embargo los criterios de reparto son injustos. La reforma está concebida para beneficiar a la Comunidad de Cataluña que recibirá además 5.000 millones adicionales anualmente, y así cumplir el compromiso de investidura con Esquerra Republicana, al mismo tiempo que perjudica a la Comunidad de Madrid y tampoco beneficia a las Comunidades menos desarrolladas.
Por último, la reforma introduce el principio de ordinalidad en el sistema, pero aplicable únicamente a Cataluña, no así a Madrid, que es la Comunidad que más aporta. El principio se basa en la invariabilidad del orden de las regiones entre sus capacidades fiscales y los recursos de los que disponen. Es decir, si una Comunidad ocupa el cuarto lugar de la clasificación (de mayor a menor), en cuanto a los ingresos tributarios por habitante, debe mantenerse en esa posición tras la redistribución del reparto del fondo de la caja común. Es decir, las Comunidades más desarrolladas ven garantizada su financiación al mismo tiempo que no hay mecanismos para garantizar la solidaridad interregional, lo que afecta la igualdad y solidaridad territorial.
El proyecto de reforma reitera el tratamiento autonómico realizado con la condonación de las deudas de las Comunidades Autónomas a través del proyecto de Ley para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades infrafinanciadas son las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Según el informe de Fedea, en 2003 Cataluña recibió 3.456 euros por habitante, cifra superior a la media nacional de 3.390 euros y a los 3.363 euros de un ciudadano de la Comunidad de Madrid.
Es necesario alcanzar por el contrario los consensos políticos que permitan la reforma del sistema, bajo la dirección de los expertos, que mejore los resultados. Un sistema basado en la suficiencia tributaria, el reequilibrio fiscal vertical, la igualdad de recursos por unidad de necesidad, la profundización de la corresponsabilidad fiscal, y la solidaridad. La futura reforma ha de corregir los problemas de funcionamiento, con un diseño que garantice una suficiencia dinámica, la corresponsabilidad fiscal y la cogobernanza tributaria, al mismo tiempo que la implantación de unos instrumentos efectivos de desarrollo regional. Es imprescindible que el nuevo modelo de financiación defina como objetivo fundamental la suficiencia para la financiación del gasto real en salud, educación y protección social, actualizando la población ajustada al cabo de los años. Una reforma que debe proceder al recálculo del Fondo de Suficiencia Global, previa determinación de las necesidades reales de gasto de las Comunidades Autónomas, que garantice una igualación plena en la cobertura de las necesidades de los ciudadanos. Resulta además imprescindible el mantenimiento y la mera reforma de un sistema de financiación autonómico que asegure una cohesión territorial en nuestro país, cuando las ocho Comunidades más pobres representan el 61,97% del territorio nacional y solamente cuentan con el 24,13% de la población. En este sentido, sería necesario un fondo específico que garantice el cumplimiento de la Estrategia nacional frente al reto demográfico, que permita el desarrollo sostenible en las zonas rurales y que garantice la igualdad de oportunidades para la ciudadanía de esas zonas rurales. Un sistema de financiación que ha de tener en cuenta los gastos incrementados y que han de ser soportados por aquellas Comunidades, derivados de la superficie, la dispersión de la población, la baja densidad poblacional, la orografía, y el envejecimiento de su población. Un sistema nuevo, diseñado con altura de miras, con el objetivo de reconstruir el necesario reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras zonas en declive poblacional. Un sistema, en definitiva, que potencie el Fondo de Compensación Interterritorial, al mismo tiempo que se garantice el principio de solidaridad interregional.
