El incremento de los pisos turísticos en los últimos años en la ciudad de Segovia es una de las causas que ha favorecido la subida del mercado inmobiliario y consiguientemente el aumento del precio de los alquileres. Asimismo, ha creado una situación de competencia con los hoteles y profesionales del sector turístico alertan de ciertas irregularidades en la oferta de los pisos de este tipo. El problema ha centrado además el foco entre varias formaciones políticas en las últimas semanas para poner coto a la situación.
Algunas ciudades ya se han movido en relación a este asunto y Barcelona, uno de los principales destinos vacaciones a nivel nacional con más de 10.000 licencias aprobadas para alquiler a corto plazo, prohibirá el alquiler de apartamentos a turistas a partir de 2028, tal y como se anunció a finales del pasado mes de junio, con el objetivo de frenar la escalada de los costes de la vivienda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya anunció que pondrá sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar conjuntamente en la identificación de viviendas turísticas no habilitadas para este fin; y en Castilla y León también se adoptará alguna «medida normativa» en materia de viviendas de uso turístico, según avanzó esta semana el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con la intención de «sujetar a previa licencia» los cambios de uso de vivienda existente. Suárez-Quiñones explicó que la proliferación de estos alojamientos tienen efecto directos sobre «el mercado local de vivienda habitual y permenante».
El PSOE, a través de la senadora segoviana Lirio Martín, exigió esta semana a la administración regional «mayor contundencia» con las inspecciones de pisos turísticos de la ciudad. Para Martín, «la existencia de estos alojamientos ilegales no solo supone una competencia desleal para los profesionales del sector hostelero que cumplen con la legalidad, viendo perjudicados sus ingresos y su capacidad de operar en un mercado justo, sino que también representa un problema significativo para los vecinos. Estos alojamientos no regulados pueden ocasionar molestias, problemas de seguridad y una clara disminución de la calidad de vida de la ciudadanía»
El concejal de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, remarcó ayer en rueda de prensa que «las distintas plataformas de este tipo ofertan una media de 140 alojamientos turísticos, mientras que en el registro de la Junta de Castilla y León no llega a los 30 establecimientos turísticos de este tipo, lo que supone que casi el 85% de los pisos turísticos que operan en Segovia lo hacen de forma irregular».
«O las administraciones ponen límites, o el uso turístico de pisos y apartamentos y de alquileres temporales vinculados a la IE van a seguir comiéndose la oferta de vivienda disponible en la ciudad para población estable y haciendo imposible avances en la ciudad como la apuesta por la industrialización», subrayó San Juan, que pidió al equipo de Gobierno que «actúe» que actúe ante estos alojamientos turísticos irregulares y propone la creación de una mesa por la vivienda en la que poder analizar la puesta en marcha de otras iniciativas en esta materia, como «implementar el recargo del IBI para las viviendas vacías o avanzar en la realización de un registro municipal de alquileres temporales como los de los alumnos del IE».
Por su parte, los concejales de Izquierda Unida (IU) también pidieron al Ayuntamiento de Segovia que «se sume a la iniciativa de identificar pisos turísticos sin licencia» y que «debería replantearse su negativa a solicitar la declaración de Segovia como zona tensionada».
