El Preámbulo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, expone que “La memoria de las víctimas del golpe de Estado, La Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y significación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”. Unos loables objetivos que esconden una parte de la verdad, precisamente “las personas que padecieron la represión económica (…)”, a que hace referencia la letra e) del apartado 1 del artículo 3 de la indicada Ley, precepto que define el concepto de víctimas.
A partir del siglo XV, Castilla experimentó un notable crecimiento económico, se desarrolló la agricultura con cultivos de cereal, vid y olivo, mientras que la ganadería complementaba a la agricultura, una ganadería estante que se unía sobre todo a la ganadería que practicaba la trashumancia y que proporcionaba abundante cantidad de lana. En la primera mitad del siglo XVI Castilla se industrializa, gracias a la abundancia de la lana, se instaura la industria textil en centros importantes como Segovia, Toledo, Córdoba y Cuenca. En 1515, la industria textil empleaba en la provincia de Segovia a más de 20.000 personas y que procesaban cerca de 40.000 arrobas de lana al año. El capitalismo moderno surgía en Segovia, junto a un número elevado de pequeños talleres familiares había una serie de empresarios capitalistas, los mercaderes o hacedores de paños, que superaron el sistema gremial centralizando la producción y pagando un salario a los empleados por su trabajo. Es decir superaron el sistema de trabajo a domicilio, Verlagssystem, por un sistema de producción moderno como indicó el economista John Kenneth Galbraith. En Segovia había en 1524 más de 43 capitalistas que dominaban la industria textil segoviana y empleaban a los dos tercios de la población trabajadora de dicha ciudad, formada por tintoreros, cardadores, hilanderos, etc.
Sin embargo, la derrota de los Comuneros en Villalar dos años antes iba a determinar que Castilla quedara sometida de forma ilimitada a los deseos de la Monarquía de los Habsburgo. Castilla por su densidad de población, su mayor dinamismo y prosperidad económica, sería obligada a soportar en exclusiva el peso del Imperio liderado en primer término por Carlos V y Felipe II, a diferencia de las provincias vascas que estaban exentas y de los territorios de la Corona de Aragón que se negaron a compartir el gravoso peso del Imperio. El aumento de la presión tributaria constante, la desorganización de la Hacienda, el déficit público permanente y el aumento de la deuda determinaron un aumento de la inflación y una crisis económica de enorme magnitud. El resultado fue la destrucción de la industria castellana, de la industria textil segoviana, cuyas consecuencias han llegado a nuestros días.
Las crisis políticas en la España del siglo XIX además impidieron la creación de un Estado moderno, avanzado, desarrollado económicamente en todo el territorio nacional. Castilla quedó al margen de la Revolución Industrial de la indicada centuria, desligada del comercio internacional y condenada a vivir de una agricultura de secano arcaica, dado que su industria había fenecido hacía mucho tiempo. Unos rasgos que se iban a repetir claramente durante el franquismo.
Los daños ocasionados por la Guerra Civil fueron enormes en todos los sentidos, a los muertos y exiliados ha de sumarse la parálisis del proceso productivo durante dichos años y que afectó a las condiciones de vida de los habitantes en las diferentes provincias. La población española se situaba en 25.757.257 habitantes en 1940, al propio tiempo que resulta significativo el hecho de que la Renta Nacional del año 1935 no se logró superar hasta el año 1951, mientras que la renta per cápita no alcanzó dicho nivel hasta el año 1952, bajando en el año 1953, por lo que hubo de esperarse al año 1954 para conseguir la recuperación de forma estable. La población activa agraria se incrementó, del 45,5% del censo en 1930 al 50,5% en 1940, al mismo tiempo que se adoptaba un modelo económico autárquico, basado en la protección de la producción nacional de la competencia exterior y promoción de una política económica global con el objetivo de lograr la autosuficiencia económica frente al exterior. Un propósito que se acentuó con el aislamiento exterior a partir de 1945: España perdía la oportunidad de beneficiarse del Plan Marshall y del crecimiento económico tras la II Guerra Mundial. Unas posibilidades que habrían permitido adelantar en varios años el despegue económico y ahorrar innumerables privaciones a la población española. Hasta el Plan de Estabilización del año 1959, primaron los objetivos intervencionistas, junto con la instauración de una serie de controles directos a las actividades de producción y distribución, con lo que se pretendía intervenir en la distribución de la escasa oferta de una serie de productos como el pan, el aceite, el azúcar y determinados inputs de la industria. Una irracionalidad del modelo autárquico, basado en una tecnología obsoleta, una baja productividad y una pretensión de abastecer el mercado interior en exclusiva y sin el apoyo de la inversión extranjera.
Las medidas económicas entre 1957-1959 suavizaron el proceso inflacionista, buscaron el equilibrio presupuestario y el equilibrio exterior con la devaluación de la peseta, pero resultaron un rotundo fracaso. España entraba en una situación crítica por el elevado déficit en la balanza de pagos que originó una fuerte caída en la cotización de la peseta y un descenso del volumen de reservas exteriores. La consecuencia fue la aprobación del Plan de Estabilización de 1959, lo que dio lugar a la aprobación del Decreto Ley de 21 de julio de 1959 con el objetivo de forjar las bases para un desarrollo equilibrado y la integración de la economía española en el contexto internacional. Se permitió la inversión extranjera en España y comenzaron los ingresos de turistas que en el año 1964 llegaron a los 10 millones, aumentó la incorporación de nuevas tecnologías y mejoraron las condiciones de competencia de nuestro país. Las remesas de los emigrantes, los ingresos procedentes del turismo y las entradas de capital financiaron las nuevas importaciones de bienes de equipo, generando un auge industrializador, gracias al aumento de la inversión y de la productividad del trabajo. El Plan de Estabilización ocasionó un desarrollo espectacular de la economía española, el sector industrial pasó de representar el 26% del PIB en 1964 a un 34% en 1974. Un Plan que enterró la política autárquica gracias a un programa de liberalización económica limitado por el intervencionismo gubernamental a través de los planes de desarrollo que generaron un cambio estructural, el declive agrario con la difusión de la industrialización y el desarrollo del sector servicios. Hubo un crecimiento espectacular del sector secundario, con un predominio de industrias muy intensivas en trabajo y mucho menos en tecnología, lo que suponía unas bases muy débiles para el futuro. Se facilitó la entrada masiva de capitales y de la tecnología extranjera, lo que al propio tiempo generó una dependencia técnica y energética del exterior. La producción industrial se quintuplicó en los años 60 respecto de la década anterior, pero al mismo tiempo se produjo un reforzamiento de las áreas altamente industrializadas y el impacto de los polos de desarrollo en la España pobre fue francamente nulo, salvo en contadas poblaciones.
La Comisaría de Planificación en 1964 eligió 7 áreas urbanas seleccionadas: las ciudades de Burgos, Coruña, Huelva, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza como polos de desarrollo y promoción industrial. El crecimiento del producto industrial fue superior a la media nacional en Coruña, Pontevedra y Valladolid en el período 1950-1965, y fue menor en el resto. En el período 1965-1975, el crecimiento fue generalizado en todo el territorio nacional, las zonas de Burgos, Coruña, Huelva, Pontevedra y Valladolid se integraron entre los 12 territorios con mayor crecimiento, mientras que en el período 1950-2000 el efecto fue positivo solamente en Coruña, Pontevedra, Valladolid y Zaragoza. Sin embargo, un mayor éxito se produjo en las provincias de Álava y Navarra en el período 1950-2000, con unos planes específicos gracias a su autonomía tributaria y financiera del gobierno central, y al margen de aquellos programas estatales. En efecto, si utilizamos como indicador el número de sociedades registradas por millón de habitantes, las cifras reflejan que fue en la segunda mitad de la década de los 60 cuando la creación de empresas aumentó en las provincias-polo, pero la mediocridad del espíritu emprendedor malogró el resultado final. Sin embargo las provincias forales de Álava y Navarra atrajeron más capitales, crearon más empresas y consolidaron una especialización productiva gracias a unos incentivos a la iniciativa empresarial más tempranos y potentes que en el resto de España (subvenciones, menor presión tributaria y apoyo de las autoridades locales).
Por otra parte, entre los años 1964-1970 el desarrollo pivotó por el desarrollo de los derivados metálicos y la industria del transporte (Valladolid, Vigo, Zaragoza, Álava y Navarra), con alrededor del 50-60% de la inversión en esa finalidad, con el empleo de abundante mano de obra (tanto en plantas de ensamblaje, como a través de pequeñas y medianas empresas auxiliares). La rama metal-mecánica se consolidó en esas cinco provincias con la instauración de una fábrica de automóviles, Volkswagen en Pamplona, Daimler-Chrysler en Vitoria, Renault en Valladolid (contra la oposición feroz del Ministerio de Industria que quería consolidar SEAT) y PSA-Peugeot –Citroën en Vigo, y General Motors-Open en Zaragoza en 1981. Salvo esta última factoría y la situada en Pamplona, las demás nacieron en la década de los 50 con capitales locales, asociadas tecnológicamente a grandes plantas europeas, unas multinacionales europeas que así entraban en el mercado español. Al contar Valladolid y Vigo con polo de desarrollo, ello coadyuvó a que los Consejos de Administración de Renault y Citroën apostaran por España.
En resumen, la Dictadura aplicó dosis de liberalismo en materia exterior, para corregir los problemas de balanza de pagos y obtener financiación, al mismo tiempo que practicó una intervención institucional para promover el desarrollo industrial de las regiones más atrasadas. Sin embargo, esta política de desarrollo industrial apenas recibió el 1% del PIB, al propio tiempo que esos recursos públicos fueron absorbidos por un reducido número de grandes empresas privadas, de modo que solo indirectamente favorecieron a las pequeñas y medianas empresas del entorno. Por otra parte, el final del ciclo expansivo terminó cuando aquellos polos de desarrollo no tenían una antigüedad superior a 20 o 25 años, una crisis en los años 70 que afectó a la construcción naval, las empresas siderúrgicas y químicas. Por tanto, solamente los proyectos en sectores productivos ligados a la innovación y al mercado internacional fueron viables, de modo que la automoción se consolidó de la mano de las multinacionales sentando las bases para una segunda globalización y conquistar los mercados exteriores, tras una dura reconversión industrial.
El resultado de aquella política desarrollista fue que las cinco provincias que en 1955 tenían el mayor valor de su producción, pasaron del 40,4% en dicho año a concentrar el 43% de la producción, mientras que la participación de las diez últimas descendió del 6,35 al 4,3%. Solamente citar que el I.N.I creó, a través de SEAT, 35.000 puestos de trabajo directos en Barcelona y 200.000 indirectos, mientras que las ayudas recibidas por SEAT por parte del gobierno socialista entre los años 1982 y 1986 sumaron los 255.745 millones de pesetas. A través de los circuitos privilegiados de financiación, el Estado dirigió ingentes recursos hacia sectores económicos mientras que los pequeños ahorradores que depositaban sus recursos en las Cajas de Ahorros percibirían escasas retribuciones que ni siquiera compensaba la subida de la inflación. El resultado del Franquismo ha sido la consolidación de las dos Españas, la pobre y la desarrollada de la periferia peninsular. Una España pobre que se vio obligada a financiar el desarrollo de aquellas regiones más avanzadas, mediante el suministro de materias primas y mano de obra barata, así como mediante el trasvase de los ahorros de su población a cambio unas vagas promesas de un desarrollo en un futuro sin determinar. En efecto, en la década de los 50 del pasado siglo en efecto se produjo un espectacular trasvase de trabajadores del campo que se trasladaron a las ciudades y otras regiones con sus familias. Más de 2.720.988 personas se trasladaron en condiciones mínimamente dignas, unas migraciones internas, caóticas y forzadas por la necesidad, que sembraron las afueras de las ciudades de chabolas, viviendas hacinadas, subarriendos y paro (Castilla y León aportó 466.000 emigrantes entre 1961-1974). Una situación que no aparece en aquella Ley de Memoria Democrática. Segovia también se vio forzada a financiar el desarrollismo con el trasvase de sus ahorros, mientras que una gran parte de su población tuvo que emigrar, su agricultura y ganadería constreñida a suministrar alimentos a bajo precio para la supervivencia del Régimen caduco. Todo ello ahora se omite, con la finalidad de nuevo de justificar las nuevas inversiones en el Norte y Este peninsular, a cambio de la obtención del apoyo parlamentario al actual Gobierno. Mientras que se aprueba la Ley de Memoria Democrática para culpabilizar a nuestros ciudadanos y, así, justificar el desarrollo económico de la periferia en detrimento del pobre centro peninsular. Sirva de ejemplo, los Saltos del Duero, que impidieron la salida de Castilla al mar y el regadío de unas tierras sedientas, con el destino de sus aguas hacia la producción de electricidad en beneficio de los sectores privilegiados de siempre, como ahora también de la mano del actual Gobierno y al igual que con el régimen anterior. El I.N.E. prevé que Castilla y León perderá 100.000 habitantes en el período 2022- 2037, Segovia ha perdido el 31% de su población desde el año 1950, mientras que la población española se ha incrementado en un 70%, toda una revelación de quién ha sufrido la represión económica del Franquismo realmente.
