Agentes de la Policía Nacional y personal de la Agencia Tributaria registraron ayer varios tanatorios de Valladolid en los que se podrían haber producido cambios de ataúdes para incinerar otros más baratos, en una operación en la que se practicaron detenciones.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León confirmaron que la operación está en marcha y que la investigación se inició en 2017. Así, un amplio dispositivo policial se personó en varios tanatorios de la empresa El Salvador en la capital vallisoletana y en otros municipios, como Santovenia de Pisuerga, así como en las oficinas del grupo en el centro de la ciudad.
El Juzgado decretó secreto de actuaciones, por lo que la información oficial no se aportará hasta que concluya la fase de investigación sobre el terreno. Por el momento, no se ha precisado la cifra de detenidos con motivo de esta operación.
Según informó eldiario.es, los investigadores sospechan que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad, al tiempo que reutilizaban las coronas de flores. Se trata de una investigación por estafa que podría alcanzar un valor de varios millones de euros. Los registros se estarían practicando en varias oficinas de la Funeraria El Salvador.
Grupo El Salvador responsabilizó a un extrabajador que habría estado extorsionando a la empresa. En el año 2017, la empresa aseguró haber sufrido por parte de un exempleado aludid un chantaje económico consistente en la reclamación de diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas “prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido”.
“Ante la grave acusación e irrealidad de los hechos objeto de chantaje”, Grupo El Salvador presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policial por un posible delito de extorsión, incoándose diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción, con posterior juicio ante el Juzgado de lo Penal, que condenó al denunciado, jubilado ya de la empresa en el mes de febrero de 2015, como el autor material de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión.
La sentencia, siempre según advierte la mercantil funeraria, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinara actuación irregular alguna por parte de la empresa.
