La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron ayer a 39 personas, de los que 18 pasarán a disposición judicial, por su relación con el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, informaron fuentes de la investigación.
En la ‘Operación Enredadera’, que a cierre de esta edición continuaba abierta, se practicaron 92 registros y 21 requerimientos de información en una cuarentena de municipios, además de en la Diputación de Alicante. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición judicial: 13 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y otros cinco en el de Astorga. El resto quedarán en libertad.
La Fiscalía Anticorrupción informó a primera hora de que se habían ordenado “detenciones de diversas autoridades y funcionarios”, sin dar detalles de los mismos. Las citadas fuentes señalaron que entre los detenidos hay cargos del PP y el PSOE, así como el primer alcalde de Ciudadanos arrestado por un caso de corrupción: se trata del regidor de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez.
Entre los detenidos e investigados figuran también otros cargos vinculados con la formación naranja como Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. La dirección de Ciudadanos anunció que suspenderá de militancia a las personas investigadas que deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que dirige la macrooperación.
Aplicaciones gespol
También fueron detenidos el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del ‘caso Gürtel’, y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.
Los hechos investigados en la ‘Operación Enredadera’, según una nota de prensa remitida por la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público, así como pertenencia a organización criminal.
Al frente de la investigación, que continúa abierta, se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ordenó la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. En esta mercantil se practicaron dos detenciones de trabajadores.
Esta empresa, según Anticorrupción, “habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local”. Fuentes de la investigación informaron que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
