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La plataforma Solución travesía de San Rafael, exige una solución a Transportes

por S.G.H
5 de enero de 2024
El tráfico es constante en la travesía de San Rafael.

El tráfico es constante en la travesía de San Rafael.

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Tras la negativa recibida por parte del Ministerio de Transportes a través del Defensor del Pueblo, la plataforma ha vuelto a contestar, exigiendo que se tomen medidas para solucionar la “grave situación vial que sufre San Rafael y el perjuicio económico que suponen para Segovia y Ávila la existencia de los peajes de las autopistas AP-6/AP-51/AP-61”.
Según indican, la aplicación de dichos peajes ha llevado al uso continuado por gran número de vehículos de la travesía de San Rafael como alternativa gratuita a las autopistas paralelas, lo que conlleva un grave deterioro de la carretera y peligro para los vecinos.
La plataforma ha criticado que en su contestación, el Ministerio se limitaba a aportar información sobre las mejoras en el equipamiento vial de las carreteras N-6 y N-603 que atraviesan el núcleo de San Rafael, entre las cuales se encuentra la instalación de tres radares foto-rojo que, consideran, “se han hecho recientemente famosos por su ineficacia y afán recaudador”.
Ante las medidas aplicadas por el Gobierno, que la plataforma considera insuficientes, solicitan una solución definitiva al problema de la travesía de San Rafael, ya sea mediante bonificaciones al peaje, tal y como ya se hace en la AP-9 gallega o, lo que consideran más efectivo, a través de la liberalización del peaje de la AP-6. Para ello han apelado al artículo 264 h) de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que establece: “la supresión de la explotación por razones de interés público”, lo que permitiría el levantamiento del peaje de la AP-6.
También han criticado la “desigualdad” de San Rafael frente a otras poblaciones que sí han recibido una solución similar a la que solicitan, como la localidad de Guadarrama, o la ya mencionada bonificación por peaje que se aplica en la AP-9 para el que, reprochan, el Gobierno ha reservado 2.300 millones de euros.

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