Se comienza por declarar secreto de Estado el número de personas que acompañan a una ministra en un viaje oficial, y se termina con la redacción de una Ley de Información Clasificada, que nos va a convertir en un país más hermético que Rusia.
Según el informe del Consejo de Transparencia, que ha leído el texto -supongo que entre el asombro y la estupefacción- si se aprueba esta Ley será inconstitucional, quedará restringido profundamente el derecho a la información de los ciudadanos, y los periodistas podrán ser multados por publicar cualquier superficialidad que la Autoridad BuRRocrática haya definido como secreta.
Parece que hasta los presidentes autonómicos podrán decretar lo que es secreto de Estado, y no sé si publicar la lista que maneja el municipio para nombrar a la reina de las fiestas podrá ser definido por el alcalde, o el concejal de Festejos, como información que afecta a la seguridad nacional.
Tengo memoria de la frecuencia con la que mi tía Pascualina recitaba el refrán “Díme de lo que presumes, y te diré de lo que careces”, pero no ha existido ningún Gobierno que haya desplegado con más frecuencia la bandera de la Transparencia, que es que había días que algunos ministros parecían hijos de la Gran Transparencia, mientras los demás éramos hijos de transparencia desconocida.
Cuando, desde los medios de comunicación, los periodistas nos quejamos de las trabas puestas a la información por el Gobierno, algunos lectores pueden creer que estamos defendiendo nuestros derechos, pero es el derecho de los ciudadanos, de TODOS los ciudadanos, incluidos los que no leen periódicos, que también tienen reconocido ese derecho recogido en la Constitución.
Nadie solicita que nos informen de cuántos agentes de información españoles hay en China, o dónde están situadas las armas de Defensa que pueden hacer más pupa. Nadie. Ahora bien, si el gobierno pretende que el número de acompañantes de una ministra es un secreto de Alto Estado, no es que los ciudadanos y los periodistas tengamos un problema, es que el problema lo tiene el Gobierno. Más que por autoritarismo, por estupidez.
