Como era previsible, el punto del orden del día en el que se debatía una modificación presupuestaria de más de 1,5 millones de euros, de los que un tercio se destinará a pagar liquidaciones a las empresas que prestaron servicios municipales, el de transporte público y el del parking de José Zorrilla, motivó un intenso debate en la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Segovia.
En ambos casos el coste de la liquidación se ha incrementado tras sendas sentencias judiciales. Eso ha llevado a la oposición en bloque a calificar la gestión del gobierno municipal de “despilfarro”, “trilerismo”, “negligente”, “lo que no debe ocurrir” o señalar que “este punto refleja la gestión durante su mandato —frase de Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos dirigida a la alcaldesa Clara Luquero— hasta el último día vienen al pleno con sentencias condenatorias”.
Pablo Pérez aseguró que se elevan ya a 22 millones de euros las cantidades abonadas por el Ayuntamiento por sentencias condenatorias y dijo a Luquero que no puede hablar de la herencia del anterior alcalde, Pedro Arahuetes, porque su gestión ha llevado al mismo resultado, y anunció que lo mismo va a ocurrir con Clara Martín cuando acceda a la Alcaldía.
Por su parte, el portavoz socialista, Jesús García Zamora, defendió el uso del fondo de contingencia para estos pagos e insistió en que no se pierden inversiones porque son partidas diferentes.
Recalcó además que, en ambos casos, tanto la anterior adjudicataria de los urbanos, como la empresa que gestionó el aparcamiento subterráneo de la plaza de José Zorrilla, realizaron un servicio y lo que ocurrió es que hubo discrepancias en las cantidades y el Ayuntamiento defendió los intereses de la ciudad en los tribunales.
