El voto de calidad de la alcaldesa, Clara Martín, impidió ayer que prosperase en el pleno que celebró el Ayuntamiento de Segovia, una moción del Grupo de Ciudadanos que instaba al gobierno municipal a elaborar una memoria de los contratos de servicios municipales con la finalidad de “planificar, prever, gestionar y, en definitiva, gobernar de manera responsable y transparente”, según explicó la portavoz de la formación naranja, Noemí Otero.

En la práctica, la propuesta iba encaminada por un lado a trabajar en los nuevos pliegos de los procedimientos de contratación con la suficiente antelación al vencimiento de los contratos en vigor y, por otro, “realizar una fiscalización y un control efectivo del cumplimiento de todos y cada uno de ellos”. Sobre este último, Cs admitió una enmienda del PP en el sentido de reforzar la Inspección de Servicios municipal.

Otero recordó que hay contratos prorrogados, algunos como el de la ORA (de 1994) hasta en nueve ocasiones y, entre los más recientes, hizo alusión a los problemas surgidos con las casetas de lectura de verano, con la piscina al aire libre o con la Escuela Infantil Municipal La Senda. En cualquier caso, no quiso abundar mucho en estos casos concretos porque dijo que se trababa de “una moción constructiva y no de hacer sangre, que se podría hacer”.

Por su parte, el concejal del Partido Popular José Luis Horcajo sostuvo que la raíz del problema radica “en el caos del equipo de gobierno socialista en la organización y planificación” aunque puso como principal ejemplo el reiterado incumplimiento del Plan Normativo Anual del Ayuntamiento.

Además, según este edil, la plaza de inspector de servicios municipal ha estado vacante “durante seis meses” y cuando se ha cubierto ha sido con una única persona que, a su juicio, no puede hacer un seguimiento de todos los contratos en vigor, ni del resto de funciones que le competen. Por ese motivo, el PP enmendó la moción de Cs, para reforzar esta área municipal.

Horcajo añadió que la incapacidad de la Inspección de Servicios del Ayuntamiento para fiscalizar si las contratistas están cumpliendo con lo estipulado el gobierno municipal ha recurrido recientemente a contratos menores para encargar encuestas sobre servicios como la recogida de residuos y limpieza viaria o el transporte urbano en autobús,

También desde Podemos, su portavoz, Guillermo San Juan, dijo compartir parte del análisis de Ciudadanos, ya que considera que “la contratación y la Inspección de Servicios no son los puntos fuertes” del Ayuntamiento de Segovia, aunque señaló que probablemente en buena parte se debe a una insuficiencia de recursos.

En este sentido puso el acento en que en su momento, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público en 2018, el gobierno municipal debería haber planificado para dotar de medios a estas áreas municipales para poder hacer frente a la carga de trabajo que tienen ahora y que el consistorio no sea tan vulnerable a bajas del personal municipal y otras circunstancias en la plantilla.

Sin embargo, al igual que Ana Peñalosa (IU) o Andrés Torquemada (Grupo Socialista) indicó a Noemí Otero que la memoria que reclama no es necesaria porque toda la información sobre los contratos, incluyendo su importe, periodo de vigencia, etc. se encuentra en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Segovia que está dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público puesta a disposición de todas las administraciones públicas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

De hecho, San Juan reveló que él mismo ha elaborado una hoja de Excel con la información contenida en el Perfil del Contratante.

Equipo de gobierno

Desde el grupo de Izquierda Unida, que forma parte del gobierno municipal, Ana Peñalosa espetó a la portavoz de Ciudadanos que si quiere conocer los contratos de servicios “haga su trabajo” porque, a su juicio, corresponde a la oposición “fiscalizar” la labor del Ayuntamiento. Admitió que en el servicio de Contratación municipal se ha incrementado la carta de trabajo pero apostilló que, por ese motivo, se había incrementado la dotación de personal con dos técnicos de administración general.

El concejal responsable de la Contratación municipal, Andrés Torquemada, que además preside la Mesa de Contratación del Ayuntamiento y ostenta, entre otras, la delegación de Gobierno Interior y Personal, empezó pidiendo a Ciudadanos que retirase la moción “porque su planteamiento nos obliga a votar en contra”.

Insistió en que la memoria no es necesaria porque para eso está el Perfil del Contratante y añadió, además, en que hay un enlace al mismo en el Portal de Transparencia de la web municipal y, además, todos los contratos pasan por la Junta de Gobierno Local, bien como acuerdos o bien, como es el caso de los contratos menores, en la relación de decretos de Alcaldía.

Excepciones

Comentó el edil socialista que solo el año pasado el Ayuntamiento de Segovia formalizó cerca de 900 contratos menores y casi 40 mayores por lo que considera que los ejemplos que apuntó Otero de contratos prorrogados son la excepción y no la norma.

Por otra parte, recalcó que en la contratación pública municipal interviene no solo el área de Contratación sino también la Secretaría General y la Intervención Municipal, además de los diferentes servicios en la elaboración de pliegos pero también en el control e inspección de los servicios. Hizo referencia, además, “al esfuerzo” que el gobierno municipal ha realizado para reforzar los recursos humanos con un incremento de la partida presupuestaria de Personal del 5%.

En cuanto a la fiscalización de los contratos, Torquemada comentó que todos pasan por el Tribunal de Cuentas, como ejemplo “de transparencia absoluta”.

Recordó, por otro lado, que las prórrogas están contempladas en algunos contratos y, cuando no es así, la Ley marca su continuidad al tratarse de servicios públicos.

En definitiva, para este concejal, en materia de Contratación “este Ayuntamiento está trabajando muy bien y la moción solo motivaría sobrecargar de trabajo sin necesidad a los empleados públicos”.

La ponente quiso dejar claro en su turno de cierre de que al reclamar una memoria de contratos de servicios municipales “no lo hago para mí, es para que se pongan a trabajar y a planificar porque la gestión actual es nefasta”. Antes había abundado en ese argumento al decir a los socialistas que “no saben por dónde andan”.

El PP amenaza con ir a los tribunales

En otro punto del orden del día, el pleno aprobó, con el voto a favor del Grupo Socialista y de IU, la abstención de Cs y Podemos y el voto en contra del PP, una modificación de las bases de ejecución del presupuesto con la finalidad de agilizar determinados contratos menores en relación con gastos recurrentes y siempre que la cuantía no supere los 5.000 euros.

El concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, lo justifica para dotar de mayor eficacia y eficiencia la labor de contratación y evitar el colapso del Ayuntamiento en la tramitación administrativa de algunos suministros.

Sin embargo, el portavoz del PP, Pablo Pérez, calificó de vergüenza esta modificación porque considera que sa pie a fraccionar contratos con una misma empresa que, según el ejemplo que puso, podría acumular hasta diez contratos en un año por un importe unitario de 4.500 euros.

Recordó que el gobierno municipal ya ha sido condenado por los tribunales “por contratos irregulares” en los denominados casos Trípode y Aguiar y puntualizó que los pagos recurrentes deben acotarse a lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público: “anticipos de caja fija y similares, y no están incorporando esa coletilla”, señaló.

En opinión del principal grupo de la oposición, el equipo de gobierno establece con esta medida “un caldero de contratos a dedo que no se puede admitir bajo ningún concepto”.

Pérez anunció que su grupo presentará alegaciones a este acuerdo plenario y, de no prosperar, no descarta acudir a los tribunales nuevamente.

El portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, también explicó que esta modificación en la tramitación de algunos contratos menores le plantea “dudas”, y justificó así la abstención.

El edil de Hacienda indicó que precisamente, en aras a la transparencia, se ha incluido una cláusula para que “el documento contable de existencia de crédito se realice con posterioridad a la selección del adjudicatario; es decir, una vez determinado a quien se propone como contratista”.