El Gobierno ha elaborado con cierto sigilo un plan de desmantelamiento y recorte de rutas y paradas de autobús que dañan la supervivencia cotidiana de 792 municipios en toda España, 346 en Castilla y León y 21 pueblos en la provincia de Segovia.
Suprimir o limitar la movilidad de la ciudadanía no es un asunto baladí. Cuantificar su coste económico y social para las personas constituye un viaje al horror, una siniestra broma pesada a cobro revertido.
La circunstancia de que, por un lado el Gobierno, con el loable propósito del ahorro energético, anuncie medidas para estimular el uso del transporte colectivo y, por otro lado lo recorte o suprima en muchos pueblos de la España del interior, no deja de añadir un punto de humor negro a la situación.
Abades, Bernardos, Carabias, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Fresno de Cantaspino, Fresno de la Fuente, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Ituero y Lama, Labajos, La Losa, Martín Miguel, Migueláñez, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Ortigosa del Pestaño, Samboal, Santa María la Real de Nieva y Tolocirio. Eh aquí la lista negra de los pueblos estigmatizados.
