El Observatorio Nacional de Dependencia califica los servicios de la Junta de Castilla y León con un 8,9, una nota muy buena para el delegado territorial, Javier López-Escobar, quien asegura que “Castilla y León tiene atención plena a la dependencia”. Es más, añade que “la lista de espera en Castilla y León es menor del 1 por ciento y estamos atendiendo a todos los grados, también el grado 1, que se completó a lo largo del año pasado; y ese 1 por ciento de lista de espera es la lista de espera estructural, el decir, son las personas que se incorporan a la solicitud de valoración durante el tiempo que se tarda en tramitar”.
Es este punto, además, recuerda que esta misma semana la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades “anunciaba que vamos a emprender un plan para rebajar ese tiempo de trámite de la valoración de dependencia, para que las personas estén valoradas en un menor tiempo, rebajando un tiempo que ya es récord en España”. En concreto, el proyecto de la Junta es ir reduciendo un mes por año, hasta llegar a los tres meses en 2020.
Asimismo, defiende el delegado territorial el nuevo modelo implantado en la región, pasando del residencial al personalizado, centrado en las necesidades particulares de cada paciente. “El déficit financiero solo en Servicios Sociales de esta Comunidad ronda los 180 millones de euros anuales”, dijo, ya que además, durante la crisis, la financiación de las comunidades autónomas “no se ha tocado”.
Por ello, “lo que hizo la Junta fue cambiar el modelo asistencial, huyendo del modelo residencial, en el que se ofrecen todos los servicios en unas grandes estructuras que son las que se financian y a las que acuden las personas que tiene que pagar el importe total de su estancia. Ese es un modelo que había entrado en crisis incluso antes de la crisis, porque es enormemente costoso; y eso se ha llevado a un modelo diferente, en el que se ha potenciado enormemente la atención domiciliaria”, explica el delegado.
“Pero también la propia Junta impulsa un modelo distinto —añade—, basado en las necesidades de las personas que han sido evaluadas, con ayudas vinculadas a esas necesidades, de manera que no financiamos grandes estructuras, sino que financiamos a las personas para que ellas puedan pagar lo que necesitan”. Así, afirma, “se consigue una atención plena y generación de empleo”.
En cuanto a la situación de las residencias en Segovia y a la posibilidad de acceder a ellas, señala que “no hay una lista de espera de plazas residenciales, sino que depende de cada residencia. Al ser un sistema de prestaciones vinculadas, la residencia no necesariamente es una prestación solo, sino que puede ser desde centro de día a acudir a comer, o desde la residencia prestar a domicilio los servicios, etc”.
Carmen Well, gerente de Servicios Sociales, añade que para ingresar en los centros públicos, tanto de la Diputación como de la Gerencia de Servicios Sociales, “no hay lista de espera, sino que cuando una persona solicita el ingreso en plaza pública, se le aplica un baremo y no por que lo haya solicitado más tarde va a entrar después, sino que se hace el ingreso en función de la puntuación de ese baremo, en el que se miden muchos aspectos.
Además, añade, “en el ámbito residencial en nuestra provincia cabe destacar que tenemos un número de plazas importante, pero en el ámbito privado también, y las personas pueden ingresar en esos centros, evitando el desarraigo, que salgan de sus pueblos o de sus domicilios, y pueden solicitar una prestación vinculada al servicio vía dependencia”.
“Con esto quiero decir que el acceso a plazas residenciales, actualmente, es muchísimo mejor con este nuevo sistema, más fácil para el ciudadano y se quedan en el entorno domiciliario, que era otro de los objetivos que nos habíamos marcado”, cuenta.
Actualmente, tanto la residencia Mixta como la Asistida se encuentran al cien por cien de ocupación, asegura Well, pero “si es una plaza que requiere una urgencia determinada, hay un mecanismo que llamamos de prioridad social en nuestra Comunidad, que en el mismo momento en el que haya una plaza vacante, esa persona puede ingresar automáticamente. Este procedimiento se lleva a cabo en colaboración con los Ceas y cuando nos lo solicitan por esta vía es un ingreso automático y muy fácil. Pero lo que sucede es que la plaza se puede conceder en cualquier punto de la región, donde quede primero una vacante”.
En este sentido, afirma que es más habitual que vengan a Segovia residentes procedentes de otras provincias, como por ejemplo Ávila, donde no hay tantas plazas, que no que sean los segovianos los que se vayan a otros puntos de la Comunidad Autónoma.
Los Servicios Sociales en cifras
2.000 beneficiarios de Ayuda a Domicilio en la provincia. En el último año se incrementó un 16 por ciento el número de beneficiarios, gracias, entre otros aspectos, al incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en la provincia de Segovia atiende cada año a 2.000 personas y emplea a 395 profesionales.
929 personas atendidas por el Servicio Integral de Apoyo a las Familias durante la crisis. El Servicio Integral de Apoyo a Familias de la Junta ha atendido desde su creación hasta finales de 2017 a 332 familias de la provincia, lo que significa que se ha prestado ayuda a 929 personas en toda Segovia. En este periodo ninguna familia atendida ha sufrido un desalojo forzoso de su vivienda.
22,79 millones de euros para Segovia gracias al Acuerdo Marco. En 2017, la Junta de Castilla y León suscribió el Acuerdo Marco de Servicios Sociales con las entidades locales con carácter trianual y una dotación económica para la provincia de Segovia de 22,79 millones de euros, lo que supone un incremento de un 7 por ciento.
97 profesionales en el área. El nuevo convenio permite la contratación de 8 profesionales más dedicados a la atención social. En total, la Junta financia a 97 profesionales de los Servicios Sociales en la provincia de Segovia.
9 Centros Especiales de Empleo en Segovia. A los nueve Centros Especiales de Empleo que funcionan en la provincia de Segovia, la Junta destinó el año pasado un total de 866.466,88 euros para sufragar los costes salariales de las 203 personas con discapacidad a las que emplean.
