PSOE, PP y CiU alcanzaron ayer un acuerdo para rescatar la ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
La propuesta fue acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en la Cámara Alta a la Ley de Economía Sostenible, según confirmaron fuentes socialistas y populares.
Según el principal partido de la oposición, el texto de la enmienda es «totalmente» diferente a lo que contenía la disposición final segunda de la iniciativa planteada en primer término, rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre. «Se trata de un cambio profundo» en la regulación de la anterior norma antidescargas, añadieron desde Génova.
La enmienda ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.
Además, se añade que todo requerimiento de cierre de un site a dicha comisión «exigirá la previa autorización judicial», que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo máximo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenido el permiso, las páginas «estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación».
La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitarle que «en menos de 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores», o realizar las alegaciones que considere oportunas. Una vez expirado el tiempo estimado, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.
En cualquier caso, la ejecución de la cancelación de la página exigirá la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. Eso sí, la falta de resolución en los plazos determinados «tendrá efectos desestimatorios de la solicitud».
Las reacciones de los principales afectados han sido de decepción. La nueva norma no gusta. Así, Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, indicó: «No es solución para nadie. Lo mejor hubiera sido empezar de cero. Es una ley que desde sus inicios ha sido muy impopular. Enfrentar a creadores con la red es el mayor de los errores. Llevo meses intentando conseguir un consenso entre todos y no hemos sido escuchados por los políticos».
Ignacio Escolar, uno de los representantes de los cibernautas, criticó la resolución: «Todo esto me suena a que hay que salvar de alguna manera el nombre ley Sinde en vez de devolverla y comenzar de nuevo. Esto hay que arreglarlo sin retocar una vez tras otra una norma obsoleta. Estamos parcheando una ley que se remonta a los 80, que viene de la época de cuando Solana era ministro de Justicia, cuando lo más parecido a internet era Naranjito. La solución no era hacer un atajo porque la Justicia es lenta, y lo que hay que intentar es que sea más ágil».
Por su parte, Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, sostuvo que: «Creo que es rebajar aún más una ley que ya estaba descafeinada. Parece mentira que con todo el debate que ha habido sea tan difícil sacar algo eficaz, que no sea tan tímido y corto».
