En España se han quemado en lo que va de verano casi 400.000 hectáreas por los incendios forestales, de ellas 94.000 en Castilla y León. Además, Protección Civil alerta de que persisten en estos momentos 14 incendios en nivel máximo y preocupa la reactivación de focos, una devastación que, mientras se insiste en culpar exclusivamente al cambio climático y a las altas temperaturas, los expertos lo achacan fundamentalmente a la acción criminal de los pirómanos y a la falta de prevención y de gestión.
En relación a la actuación de los pirómanos los datos oficiales son reveladores. La Policía y la Guardia Civil han detenido ya a cerca de 30 personas e investigan a otras 90 por provocar fuegos forestales. En total, más de cien actuaciones desde junio hasta mediados de agosto. La simultaneidad de focos y la magnitud de los daños evidencian que no hablamos de fenómenos naturales, sino de acciones criminales. Pero el Gobierno prefiere hablar de emergencia climática.
Detrás de los incendios existen responsabilidades concretas y políticas fallidas, no un cambio climático etéreo basado en fanatismos ecologistas. La responsabilidad es de quienes gobiernan, de todos, de las comunidades autónomas y del gobierno central.
Se excusan en que no hay el presupuesto suficiente para explicar la ausencia de medios. ¿Y se extrañan? Es el resultado de años de negligencia política y recorte deliberado del gasto, más del 50% desde 2009 según datos de ASENFO, Asociación de empresas forestales privadas, una reducción de presupuesto que no ha sido una política de un solo partido.
Este recorte no solo ha disminuido brigadas y recursos técnicos, sino que también ha frenado campañas de concienciación y programas de mantenimiento de masas forestales. Así se entiende que tengamos 13 aviones menos que en 2021. Sólo el año pasado perdimos el 20% de nuestra flota de aviones anti incendios.
Y encima gastamos a lo tonto. Según el Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF), apagar un incendio cuesta 19.000 euros por hectárea, mientras que prevenirlo cuesta una media de 3.000 euros si se hacen tareas como cortar árboles o desbrozar; y apenas 300 euros en el caso de quemas prescritas.
La tragedia de los incendios no se entiende solo desde el presupuesto: también hay un problema legal y burocrático. Agricultores y ganaderos denuncian que las normativas globalistas actuales impiden limpiar los montes, crear cortafuegos o realizar quemas controladas.
El abandono del campo, la desaparición del pastoreo y el desprecio por la gestión tradicional del monte han agravado el problema. El pastoreo, por ejemplo, reduce la espesura de los bosques y elimina parte del combustible que hoy alimenta las llamas. Sin embargo, esta práctica ha sido marginada en favor de políticas ecologistas radicales que solo funcionan en el papel, pero no en la realidad del campo español. Como resume uno de los profesionales consultados: “La legislación hoy favorece los incendios”.
A todo esto, debemos añadir que, a pesar de disponer de los mejores medios técnicos de la historia, aunque sean muy escasos, con los profesionales mejor formados que nunca, con tecnología que multiplica la eficacia y la eficiencia, somos más fallidos que nunca. La clave se encuentra en la mediocridad política y en el abandono de la vocación de trabajo por el Bien Común. Así vemos como Protección Civil, como suele suceder en otras instituciones, ha sido colonizada por políticos sin capacidad técnica.
La nefasta gestión de incendios del gobierno ha provocado un rechazo unánime en la prensa internacional. Desde Francia hasta Estados Unidos, los grandes diarios han coincidido en señalar la ausencia de liderazgo y la incapacidad del Gobierno español para afrontar una de las peores catástrofes medioambientales de los últimos años.
Han dejado en evidencia un Ejecutivo, más preocupado por sus vacaciones y por su agenda ideológica que por acudir en auxilio de los ciudadanos. Manifiestan que mientras el presidente y sus ministros prolongaban su descanso estival, eran los voluntarios, los soldados y los bomberos quienes se jugaban la vida en primera línea de fuego, auténticos protagonistas de la verdadera lucha.
Los hechos son claros: vacaciones en plena crisis, ocultamiento de los pirómanos, ausencia de ministros en las zonas afectadas, y un discurso ideológicamente sectario centrado en el cambio climático.
Todo lo referido debería ser suficiente para que cualquier Gobierno sensato priorizara la prevención de incendios forestales. De momento la ineficacia ha convertido a España en un país cada vez más vulnerable, que pierde cada verano miles de hectáreas, vidas humanas y un patrimonio natural difícilmente recuperable.
