El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia ha destapado la naturaleza de las diligencias que abrió hace dos años tras la entrada de agentes de la Guardia Civil en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Con el levantamiento del secreto de sumario en las diligencias previas 190/2023, se confirma que el alcalde socialista Samuel Alonso está siendo investigado por presuntos delitos de falsificación documental y malversación de caudales públicos. A él se suma en calidad de investigada una funcionaria municipal, mientras que el procedimiento ha bifurcado su curso en lo que respecta al ex-alcalde y actual procurador autonómico del PSOE, José Luis Vázquez, por ser aforado.
El juzgado ha solicitado la inhibición en favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la que corresponde, en su caso, la investigación de los hechos atribuidos a Vázquez, por su condición de procurador en Cortes. Entre los posibles delitos que se le imputan figuran la prevaricación administrativa y la malversación de caudales públicos. La sala aún no ha resuelto sobre la aceptación de dicha inhibición.

Una investigación de dos años.

La investigación se inició el pasado 3 de mayo de 2023, cuando varios agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, vestidos de paisano, accedieron al Ayuntamiento del Real Sitio a media mañana. Tras una breve inspección en la que estuvo presente el secretario municipal, los agentes salieron del edificio portando tres cajas con documentación administrativa. Nadie supo entonces —al menos no de forma oficial— a qué respondía aquella actuación, ya que el caso quedó desde el primer momento bajo secreto de sumario.
El alcalde Samuel Alonso admitió por entonces la intervención de la Guardia Civil y la entrega de varios expedientes, aunque evitó concretar su contenido. Señaló que eran “documentos de hace bastantes años” y aseguró estar “tranquilo” ante la investigación. “No hay nada que esconder”, dijo entonces.
En sus declaraciones, Alonso no ocultó su incomodidad por la coincidencia de la intervención judicial con la inminencia de las elecciones municipales de mayo de 2023: “Hay cosas que, cuando llegan las elecciones, salen de repente”, advirtió, insinuando una posible motivación política de la que el Partido Popular no tardó en desmarcarse.

¿800.000 euros sin expediente?

El levantamiento del secreto de sumario ha dado a conocer algunos detalles que dan forma a las sospechas que la Justicia investiga desde hace dos años.
Entre la documentación intervenida figura, según fuentes consultadas, un conjunto de contratos irregulares firmados entre el Ayuntamiento y una empresa de jardinería, por los que se habrían pagado más de 800.000 euros sin tramitar los expedientes administrativos preceptivos. También se investiga la posible falsificación de documentos en el contexto de esas contrataciones, así como otras operaciones como las expropiaciones del Paseo del Pocillo, que podrían haber vulnerado la legalidad.
El juez también ha fijado su atención en el modo en que estos gastos se autorizaron, contabilizaron y justificaron, y si existió connivencia entre cargos públicos y personal técnico para enmascarar su trazado. La presunta falsificación documental investigada estaría directamente vinculada a esos expedientes, cuya antigüedad varía, pero algunos se remontan más de una década atrás.

“Es más de lo mismo”.

La tranquilidad era la nota dominante en el seno de la familia socialista de La Granja de San Ildefonso. El levantamiento del secreto del sumario no señala nada ni a favor ni en contra de los investigados, y el único lamento que se ofrecía con respecto a estas investigaciones es que la lentitud de la justicia continúa poniendo un velo de incertidumbre acerca de la gestión municipal. “La justicia sigue siendo lenta y aún no ha resuelto acerca de esta cuestión, que será el archivo de la causa”, aseguraron miembros del partido a esta Redacción.

Una deuda que supera los cinco millones.

La información más reciente disponible sobre la deuda del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso indica que, en diciembre de 2023, la deuda viva ascendía a 5.513.426,37 euros, según datos del Ministerio de Hacienda. En 2023, el gasto en intereses de la deuda fue de 302.035,72 euros, lo que representa una disminución del 32,78% respecto al año anterior. En agosto de 2024 el Real Sitio de San Ildefonso aprobó un presupuesto para ese año de 7.186.000 euros.
El Real Sitio de San Ildefonso registró en 2021 una deuda viva de 4.689.000 euros, lo que supone una carga de 895 euros por habitante. Esta cifra situaba al municipio entre los más endeudados de la provincia, con un ratio cinco veces superior al de Segovia capital (161 euros por habitante) y notablemente por encima del de Cantalejo (364 euros) y Cuéllar (149 euros) en ese momento.
La deuda del Consistorio granjeño en el año 2008, siendo alcalde Félix Montes, era de 1.693.000 euros, una deuda que pasó en 2009 a 4.497.000 euros, y que casi se duplicó en 2012 hasta los 8.468.000 euros bajo el mandato de José Luis Vázquez. Esa misma deuda se fue reduciendo de manera progresiva hasta los 4.689.000 euros en el ejercicio 2021, ya con Samuel Alonso al frente, en una gestión que consiguió reducir las deudas destinando recursos al pago de las deudas y a aumentar la obtención de ingresos mediante enajenación de inversiones reales.

El Ayuntamiento se encuentra en el listado de Entidades Locales incluidas en el Procedimiento de Pago a Proveedores 2022, a que se refiere la Disposición adicional novena de la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado, un procedimiento aplicable a las Entidades Locales con un período medio de pago global a proveedores superior a treinta días. Este procedimiento de pago a proveedores comenzó el año 2012 al amparo del Real Decreto-Ley 4/2012 y terminará previsiblemente en el año 2033.
El sistema de financiación local limita la capacidad recaudatoria de los municipios pequeños, que no participan en impuestos estatales como el IVA o el IRPF. Esto condiciona la planificación presupuestaria y reduce el margen para nuevas inversiones.