Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales y ayuntamientos menores de 500 habitantes equivalentes invertirán 128 millones en depuración de aguas hasta 2028 que beneficiará a más de 250.000 personas de municipios, aquellos de menos de medio millar de personas.
Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, quien auguró que dentro de siete años Castilla y León habrá cumplido el objetivo de cero aguas residuales, gracias a las tres patas comprometidas: las de mayores de 2.500 habitantes; las de entre 500 y 2.500 y las de menos de 500, cuyo convenio, el de esta última, se firmó ayer en la sede e-Lea de Urueña (Valladolid) entre la Junta y las diputaciones provinciales.
En total, beneficiará a más de un millar de núcleos de población de menos de 500 habitantes, con el que la Comunidad se acerca al vertido cero a los ríos y cumple también con la exigencia legal europea.
Igualmente, el consejero destacó que las depuradoras “atraerán población al medio rural y ayudarán a crear oportunidades”, un objetivo por el que “trabajan la Junta, las diputaciones y los municipios”. “Sin color político. Aquí estamos todos para un objetivo tan ambicioso de cero aguas sin residuos. Y Castilla y León será la primera autonomía en llegar porque es una meta que tiene que unirnos a todos”, comentó.
Al acto asistieron los presidentes de las diputaciones de Burgos, César Rico, Valladolid, Conrado Íscar, y Soria, Benito Serrano, además de representantes de las otras seis instituciones provinciales y algunos de los delegados territoriales de la Junta. Íscar intervino en representación de todos los demás, donde recordó la importancia de esta medida.
