La Junta de Castilla y León, a través de la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, informó favorablemente la creación del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Salamanca y de una plaza más de magistrado en las Audiencias Provinciales de León y de Ávila, por entender que “son necesarias para resolver los problemas generados por la crisis en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia”. Además, hace constar a la Administración de Justicia del Estado que esta programación “no puede ir en detrimento de la necesidad estructural de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que son precisos y necesarios, especialmente en la ciudad de Palencia y Segovia”.
En el informe que da contestación a la petición del Ministerio de Justicia, el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señala que la competencia sobre la Administración de Justicia y, por tanto, en lo referente a la organización de las demarcaciones territoriales y revisión de la planta de juzgados y tribunales, es exclusiva del Estado, pero con la participación de las comunidades, requiriéndose, de forma específica, para la modificación del número y composición de los órganos judiciales, el informe previo de la autonomía afectada.
Aunque la solicitud del Ministerio debería explicar los motivos en que se justifica la ampliación propuesta, indica el director de la Junta que “esta Comunidad Autónoma desconoce, en el momento presente, la justificación que subyace en la elección de las unidades que ahora se crean”.
Además, si hay que atender al criterio del aumento de la judicialización de casos, llama la atención el hecho de que no se proponga la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Segovia, ya que “la situación de este orden jurisdiccional se ha visto agravada, tras la crisis económica generada por la pandemia, por el incremento experimentado en el volumen de asuntos”. Además, es previsible que se produzca un “considerable aumento” como consecuencia primero del confinamiento -con la imposibilidad de celebrar juicios-, y después de la crisis económica derivada de la pandemia, siendo ilustrativo el número de solicitudes de ERTE en la provincia.
El informe sostiene que “es preciso señalar que las unidades que se van a crear pretenden aliviar la acumulación de litigios derivada por la crisis sanitaria, pero esto no puede obviar las necesidades ya existentes de la Comunidad”.
