La Junta de Castilla y León sumará, a partir del próximo 1 de octubre, 75 veterinarios para las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Sanidad, cuando sea efectiva la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los funcionarios de administración autonómica. De este manera, la plantilla de veterinarios ascenderá a 1.340 (702 en la Consejería de Agricultura, 593 en la de Sanidad y 45 en la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio). Los nuevos puestos de trabajo se repartirán entre los 54 en la Consejería de Agricultura y 21 en la de Sanidad.
El sindicato Sivecal-Uscal aseguró este lunes que este incremento de personal permitirá mejorar las funciones de la Veterinaria de Salud Pública, en relación con el control de la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha contra las zoonosis y las técnicas necesarias para evitar riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades, en aplicación del art. 8 de la ley General de Sanidad. Sin embargo, lamentó que no podrá ver su reflejo en la Consejería de Medio Ambiente, que mantiene el mismo número de puestos de trabajo de Veterinarios, con “graves” carencias en el control de la fauna silvestre y su repercusión en la conservación de la biodiversidad, la sanidad de los animales domésticos y el deterioro de la salud de las personas.
Además, consideró “imprescindible” la constitución de las unidades veterinarias de la fauna silvestre, que serían las encargadas de establecer los planes de control, vigilancia y erradicación de las principales patologías de los animales silvestres, especialmente las zoonosis.
Por otro lado, Sivecal-Uscal trabaja en el impulso para que se inicie la tramitación parlamentaria de la comprometida Ley de Salud Pública de Castilla y León, que debe situar a la Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria como eje del sistema preventivo, evitando con ello el “colapso” de la parte asistencial que en estos momentos menoscaba la salud de los ciudadanos de todo el país.
A juicio del sindicato, la nueva ley debe centrarse en la vigilancia integral de la salud pública dando un papel más relevante a la acción preventiva y a la salud comunitaria, actualizando los servicios sanitarios encuadrados en el Servicio Regional de Salud de Castilla y León. Para ello, debe contemplar cambios estructurales que permitan la integración de todos los profesionales de la Salud Pública en los equipos de Atención Primaria, mejoren las redes de vigilancia epidemiológica y promuevan acciones relevantes en materia de análisis de riesgos ambientales para la salud.
Y en esas actuaciones, entiende que debe ser una pieza “fundamental” la consideración de todos los centros de trabajo de los veterinarios, incluidos los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, como centros sanitarios, como lo debe ser también el desarrollo de la especialidad de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria, y la potenciación de la formación, docencia, desarrollo, innovación e investigación biosanitaria y biotecnológica en materia de Salud Pública.
