El Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023 (que se cierra dos años después), que permita la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Carriedo, en calidad de portavoz, señaló que el Ejecutivo reclamará en torno a 315 millones de euros de esta liquidación, es decir, que considera que estaría sobre los 931 millones (ya que la reconocida por el Gobierno es de 616 millones).
A su juicio, el Gobierno central tomó medidas en 2023 que han supuesto un incremento de esta cantidad y que se refieren al impuesto de electricidad, al IVA, a educación y sanidad y últimamente, añadió, a obligaciones en materia de personal, entre otros. “Es un largo etcétera…”.
La Junta ha adoptado este acuerdo para el envío del requerimiento con el objetivo de “plantear el interés general de la Comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional”.
Este requerimiento previo se establece sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que competen a la Comunidad Autónoma y buscan alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas administraciones públicas.
Estas acciones serían, dijo el consejero, las correspondientes a la vía judicial, que se formularían en su caso, si bien aclaró que “confía en alcanzar un acuerdo” y no tener que acudir a los juzgados. “Las comunidades autónomas queremos que aquel que regula y establece las condiciones de carácter financiero, sea competente y pague. Y huir del ‘yo invito y tu pagas’ al que estamos acostumbrados”.
El consejero insistió en que estos 315 millones que reclaman son consecuencia de “decisiones del Gobierno central que causan aumento de medidas de gasto a las comunidades”. “Esto viene siendo habitual. Es más llamativo en los ministerios con pocas competencias de gestión, que presentan medidas que luego acaban siendo gestionadas por las comunidades. Nosotros cumplimos las leyes, pero en la medida que nos computa un gasto a mayores, quien tendría que sufragarlo es quién presenta las medidas o leyes”, apuntó, para esperar que el Ejecutivo central “sea sensible” a esta medida, pues son “decisiones que ha tomado sin contar con las comunidades”.
Carriedo esgrimió que esta situación ya se ha reclamado en los dos últimos años y recordó que “se han animado a presentar este requerimiento tras la sentencia favorable que registró la Junta con la reclamación del IVA, que era “una decisión sin contar con las comunidades”. “Se ha abierto un campo muy interesante, que es el hecho de que si el Gobierno toma decisiones que aumentan el gasto a las comunidades, tiene que responsabilizarse.
