El pasado 27 de julio el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistía en Oviedo (Asturias) en que es “fundamental” recuperar el “equilibrio roto” entre los ganaderos y el lobo y afirmaba que desde la Junta seguirán “peleando” porque se restableza el equilibrio entre el sector ganadero y este animal de la fauna salvaje que, a juicio de los responsables del ejecutivo autonómico, pero también de los de las organizaciones agrarias, está “sobreprotegido” en la actual legislación estatal y europea.

Mañueco hizo esas declaraciones durante su estancia en el Principado para asistir a la toma de posesión del socialista Adrián Barbón como presidente de esta comunidad autónoma del norte, que junto con Cantabria y Galicia y la propia Castilla y León forman el grupo de regiones españolas contrarias a la citada legislación, más restrictiva que la existente hasta 2021.

El presidente aprovechó su estancia en Asturias para recordar que son muchas las cuestiones que unen a estos dos territorios y a Galicia, entre ellas la “recuperación del equilibrio roto” entre los ganaderos y el lobo o la lucha contra la despoblación. En su opinión, hay que impedir que se pongan más trabas a quien quiere desarrollar su proyecto de vida en el medio rural, “algo que ha sido totalmente imposible” con la vicepresidenta de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, según informó EFE.

Durante el mes de julio se produjo también la toma de posesión de la nueva presidenta de Cantabria, María José Saéz de Buruaga, del Partido Popular, que sustituye en el cargo a Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, formación con la que ha alcanzado un acuerdo de gobierno.

Fue el 5 de julio, en Santander, cuando Fernández Mañueco hizo referencia a los “importantes lazos” de unión entre esta comunidad autónoma y Castilla y León, y no olvidó mencionar el apoyo a los agricultores y ganaderos, en especial para restablecer el “equilibrio” entre la cabaña ganadera y el lobo, que a su juicio ha “roto” el Gobierno central.

Precisamente, ese mismo día el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llevó hasta el Comité de las Regiones, en Bruselas, su crítica a la “sobreprotección” del lobo por parte del Gobierno de España y confiaba entonces en que el nuevo gobierno, tras las elecciones generales del 23J, cambiara estas políticas ahora que hay un “viento” a favor en las instituciones comunitarias para flexibilizar el régimen de protección de algunas especies.

Suárez-Quiñones participó en la capital belga en un debate sobre los grandes carnívoros en el foro ‘Coexistencia de ganadería y grandes carnívoros en Europa’, organizado por el Comité Europeo de las Regiones y el Intergrupo de Biodiversidad, Caza, Desarrollo y Medio Rural.

En ese sentido, el consejero reclamó que el nuevo Gobierno no haga política desde los despachos, sino desde el territorio y para el territorio, y conozca la realidad del medio rural, con el fin de recuperar la situación previa en España, donde recordó la población del lobo se controlaba al norte del Duero mediante una caza “regulada” por las comunidades y “responsable”, hasta que se prohibió al extenderse la protección de la Directiva Hábitats que imperaba hasta entonces al sur del Duero, y por lo tanto en la provincia de Segovia.

Al respecto, Suárez-Quiñones expuso que el problema de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias y Cantabria, es “más grave” que en el resto de países europeos, porque el Gobierno ha endurecido la protección del lobo, mientras se abre paso el debate sobre la flexibilización, dijo, de la protección de algunas especies. Esto, recordó, supuso en 2022 un aumento del 20% de los ataques y 5.000 cabezas de ganado muertas.

Por ello, el consejero expuso el “total desacuerdo” de la Junta y otros gobiernos regionales con la postura del Gobierno de España, por lo que defendió que las comunidades autónomas recuperen al norte del Duero la gestión del lobo para buscar ese “equilibrio” con esta especie y la ganadería, y posteriormente, impulsar un debate sobre la reforma de la directiva europea.

El gobierno autonómico presentó un recurso en la Audiencia Nacional para revertir la situación, que está en curso, y los responsables de la Consejería tienen esperanzas en que les dé la razón.

El Partido Popular incluía en su programa esa misma estrategia, según hizo constar el ahora diputado electo por Segovia Pablo Pérez en una entrevista a El Adelantado durante la campaña electoral, en la que criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez por legislar “en contra del mundo rural, con leyes como la de la protección del lobo…”.

Ávila y Segovia a la cabeza

Los últimos datos sobre ataques de lobos en Castilla y León, los ofreció la Consejería de Medio Ambiente el pasado mes de abril y muestran que Segovia es, después de Ávila, la provincia de la comunidad autónoma donde más muertes de ganado se han producido por ataques de lobos entre 2015 y 2022, más de 6.700, destacando 3.309 de bovino y 2.239 de ovino, seguidas a distancia por 105 de ganado equino, 40 de caprino y 17 en un rebaño mixto de ovino y caprino. Solo en 2022 el número de ataques a explotaciones ganaderas segovianas ascendió a 683, con un aumento cercano al 50% respecto a 221, cuando fueron 555.

En la evolución anual, además del año pasado, se produjeron picos importantes de ataques de lobos en 2016 y 2018.

Comisión Europea versus Eurocámara

La resolución de noviembre de 2022 del Parlamento Europeo instando a la Comisión Europea a revisar el estatus de protección del lobo en aquellos lugares en los que su estado de conservación esté declarado como favorable, algo que no ocurre en España, quedó en papel mojado pocas semanas después, ya que esa decisión del Europarlamento, no vinculante, fue respondida con contundencia por el ejecutivo comunitario que en un informe adelantado poco después por medios como el periódico asturiano La Nueva España señalaba que “la propuesta de rebajar el régimen de protección del lobo en Europa no está justificada desde el punto de vista científico y de la conservación”.

Esa fue la posición de la Comisión Europea el 1 de diciembre del año pasado en Estrasburgo durante la 42ª reunión del Convenio para la conservación de la vida silvestre y los hábitats en Europa (conocido como Convenio de Berna).

La decisión de la Comisión se ha basado en los últimos estudios científicos disponibles que apuntan a que de las nueve poblaciones principalmente transfronterizas de lobos en la Unión Europea y sus países vecinos solo tres están clasificadas como de ‘preocupación menor’, mientras que seis son ‘vulnerables’ o están ‘casi amenazadas’.

En el caso de la península ibérica el estado de conservación de lobo es “desfavorable- inadecuado”, según los citados informes que maneja la Comisión.

Más dinero para compensaciones

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha incrementado este año la partida para los pagos compensatorios por daños del lobo, incluyendo las explotaciones al norte del Duero con carácter retroactivo desde 2021. La medida ha estado consensuada con las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA-COAG y UCCL y la orden correspondiente se publicó el 14 de abril. El carácter retroactivo desde el 21 de septiembre de 2021 se debe a que en esa fecha es cuando entró en vigor la Orden Ministerial que incluyó al lobo al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Una de las principales novedades, que las organizaciones agrarias llevaban reclamando tiempo, ha sido la actualización de los baremos, con la que prácticamente se duplica la valoración a pagar.

De hecho, la medida ha tenido consecuencias en Asturias, donde ASAJA y COAG anunciaron el pasado 1 de agosto la presentación de un recurso de reposición frente a la resolución del Gobierno del Principado del pasado julio que fija el baremo de indemnizaciones por daños de la fauna salvaje en esa comunidad autónoma por debajo de otras como Castilla y León.

En cuanto a esta última comunidad, hasta que se produjo la inclusión del lobo en el LESPRE al norte del río Duero los ganaderos tenían que reclamar el pago a los titulares de cotos de caza. La Junta se hacía cargo de los pagos compensatorios en las Reservas Regionales de Caza en las que era la titular de los aprovechamientos cinegéticos. Con la nueva Orden, y desaparecido el carácter cinegético del lobo, el sistema de pagos compensatorios que regía al Sur del rio Duero, donde el lobo no era ya especie cinegética por disposición de la Directiva europea Hábitats, se extiende al norte del río Duero.

El incremento de los baremos definidos tiene por objeto adecuarlos a los valores de mercado por el daño emergente; es decir, el valor intrínseco de los animales afectados, incluyéndose también una partida para gastos fijos del titular de la explotación asociado a la gestión del siniestro, describiéndose e incrementándose los pagos compensatorios por el lucro cesante, que incluye la pérdida de subvenciones y rendimientos futuros (fertilidad, producción o valor genético), y también otros gastos variables, como gastos veterinarios de animales heridos, o eutanasia de ejemplares atacados por lobo. También se reconoce un incremento del 10 % como bonificación por la adopción de medidas preventivas.

Uno de los aspectos técnicos de relevancia modificados en la presente norma es la eliminación del primer tramo (de 0-3 meses) para ganado vacuno, incluyéndose un único tramo de 0-6 meses, como se venía reclamando por el sector.

En definitiva, la orden publicada el pasado abril regula el régimen de los pagos compensatorios derivados de los daños ocasionados por el lobo en el territorio de la comunidad de Castilla y León, tanto a las explotaciones ganaderas de la Comunidad de Castilla y León como al ganado perteneciente a explotaciones registradas en otras comunidades autónomas cuando el ataque se produzca en la región.

Quedan excluidos, sin embargo, los producidos dentro de los límites de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuando se incumplan las obligaciones, límites o restricciones previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León para el aprovechamiento de pastos, así como los que se produzcan dentro de naves cerradas o los causados por perros asilvestrados o aquellos en los que no se pueda determinar la especie atacante.

Asimismo, tampoco pueden acogerse los sucesos ocurridos en explotaciones ganaderas de aquellos titulares de los que se compruebe el incumplimiento de los requisitos legales de gestión definidos por el Real Decreto 1049/2022.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes de estos pagos compensatorios es de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del ataque, considerando como tal la fecha que figure reflejada en el informe elaborado durante la visita in situ al lugar del ataque por personal de la Consejería. Es requisito indispensable que se haya comunicado el ataque en la forma y plazos señalados en el artículo 6 de la orden reguladora.

El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud.

El vencimiento de este plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa implicará que el interesado pueda entender estimada su solicitud, según ha recogido la orden.