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La Junta premiará la conciliación y emplear a personas desfavorecidas

por EUROPA PRESS
4 de abril de 2018
en Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante un acto reciente.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante un acto reciente. / JCYL

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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, avanzó que se primará el acceso a subvenciones en el ámbito de la contratación pública a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos y a las que sean más activas en materia de igualdad y conciliación, al tiempo que se excluirán a las que hayan sido sancionados por incumplir sus obligaciones en esta materia.

Así lo señaló en la inauguración de la jornada ‘Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público’. En este marco, el presidente del Ejecutivo regional hizo un repaso de los logros de la Administración en la materia y detalló los principales retos a los que se enfrenta.

En este punto, Herrera destacó la intención de su Gobierno de aprobar un nuevo acuerdo en materia de “responsabilidad social” en la contratación, dirigido a “mejorar los porcentajes de reserva”, “establecer cláusulas obligatorias” en todos los contratos, en especial los de servicios, y “extender los proyectos de inserción socio-laboral” a todos los contratos de obra a partir de una determinada cuantía, a los que se exigirá “un mínimo de un dos por ciento de horas” por parte de trabajadores en inserción.

Además, ahondó en que buscará firmar un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que estas políticas se implanten en las entidades locales y poner “en común” modelos y pliegos-tipo que faciliten la extensión de estas prácticas.

Subvenciones públicas

El presidente de la Junta resaltó la necesidad de trasladar esta filosofía de la contratación administrativa al ámbito de las subvenciones. Por ello, avanzó, que se pretende “primar” en el acceso a ellas a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos o apliquen medidas más activas de igualdad y conciliación, así como excluir del acceso a estas subvenciones a las empresas que, por el contrario, hayan sido sancionadas por incumplir sus obligaciones en estas materias.

Herrera recordó que este enfoque se ha aplicado, en interacción sobre todo con el Tercer Sector, en sus actuaciones ampliando hasta el diez por ciento la “reserva” a personas con discapacidad en las ofertas de empleo o con la promoción de convocatorias “específicas” para personas con discapacidad intelectual. Por esta vía, anunció, en este mes se darán ya las primeras tomas de posesión de personal laboral fijo.

Una hoja de ruta, insistió, que ya se aplicó en 2012, ejercicio en el que se aprobó un acuerdo sobre directrices vinculantes para los órganos de contratación y que fijó una reserva del 6,5 por ciento de los contratos para los Centros Especiales de Empleo e introdujo cláusulas sociales.

Las medidas, continuó, se “reforzaron” en 2016, ampliando aquella reserva a un 6,8% de los contratos, incluyendo, además de los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción y estableciendo cláusulas sociales-tipo, para “facilitar” que los gestores las incorporasen en los pliegos, creando así, ha puntualizado, un “Banco de Buenas Prácticas”.

Según destacó el presidente de la Junta, los resultados de todas estas medidas están siendo “muy positivos”. Así, al cierre de 2017 y “después de navegar por los mares profundos de la crisis”, existían en Castilla y León 209 Centros Especiales de Empleo, con cerca de 5.500 personas con discapacidad trabajando en ellos.

Cláusulas sociales

Desde 2012, la Junta ha reservado a estos centros más de 2.150 contratos, por un importe total de 30,6 millones, y se ha incrementado del 50 al 75 por ciento la financiación pública de los nuevos contratos a las personas con discapacidad más severa por parte de los centros. Además, recordó, el 80% de los contratos adjudicados por la Administración incorporan ya cláusulas sociales, lo que en 2017 supuso más de 600 millones.

Herrera puntualizó que a finales de 2017 se licitó el primer contrato que incorporó un proyecto de inserción socio-laboral como es la ampliación y reforma del Hospital de Soria, que contempla la contratación de 14.600 horas de trabajo por personas en situación o riesgo de exclusión.

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