El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llevó ayer hasta el Comité de las Regiones, en Bruselas, su crítica a la “sobreprotección” del lobo por parte del Gobierno y confió en que el nuevo gobierno que salga de las elecciones generales cambie estas políticas ahora que hay un “viento” a favor en las instituciones comunitarias para flexibilizar el régimen de protección de algunas especies.
Suárez-Quiñones participó este miércoles en Bruselas en un debate sobre los grandes carnívoros en el foro ‘Coexistencia de ganadería y grandes carnívoros en Europa’, organizado por el Comité Europeo de las Regiones y el Intergrupo de Biodiversidad, Caza, Desarrollo y Medio Rural.
En ese sentido, el consejero reclamó que el nuevo Gobierno no haga política desde los despachos, sino desde el territorio y para el territorio, y conozca la realidad del medio rural, con el fin de recuperar la situación previa en España, donde recordó, la población del lobo se controlaba al norte del Duero mediante una caza “regulada” por las comunidades y “responsable”, hasta que se prohibió al extenderse la protección de la Directiva Hábitats que imperaba hasta entonces al sur del Duero.
Al respecto, Suárez-Quiñones expuso que el problema de Castilla y León, así como de Galicia, Asturias y Cantabria, es “más grave” que en el resto de países europeos, porque el Gobierno ha endurecido la protección del lobo, mientras se abre paso el debate sobre la flexibilización, dijo, de la protección de algunas especies. Esto, recordó, supuso en 2022 un aumento del 20 por ciento de los ataques y 5.000 cabezas de ganado muertas.
Por ello, el consejero expuso el “total desacuerdo” de la Junta y otras comunidades con la postura del Gobierno de España, por lo que defendió que las comunidades autónomas recuperen al norte del Duero la gestión del lobo para buscar ese “equilibrio” con esta especie y la ganadería, para posteriormente, impulsar un debate sobre la reforma de la directiva europea.
Apoyo en el exterior
Suárez-Quiñones criticó que Castilla y León no encuentre apoyo en sus demandas en el Gobierno español y se tenga que apoyar en Rumanía y en los once estados miembros que apoyaron flexibilizar el régimen jurídico europeo de los grandes carnívoros en el Consejo de Agricultura los pasados 26 y 27 de junio.
Rumanía presentó una serie de peticiones como la monitorización del estatus de conservación de estas especies, así como medidas de apoyo y compensación a la ganadería, independientemente de la Política Agrícola Común (PAC). La postura, según Suárez-Quiñones, fue secundada por once países de la Unión, y no así por parte del Gobierno de España.
También recordó que el Parlamento Europeo en la resolución de 2022 pidió a la Comisión y a los Estados, entre otras muchas medidas, el estudio de la flexibilización de la normativa europea para reducir el conflicto y los daños en la ganadería extensiva por los grandes carnívoros.
Además la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a los servicios de la Comisión Europea un análisis en profundidad sobre el aumento de las poblaciones de grandes carnívoros en algunas regiones de la Unión Europea y la problemática de los daños a la cabaña ganadera.
