El director general de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, abogó por unos criterios básicos de regulación de las viviendas de uso turístico comunes a todo el país a las que después adapten su normativa las comunidades, las competentes en esta materia.
Ramírez, en una rueda de prensa en la que hizo balance de la evolución del turismo internacional en el primer semestre, aseveró que “no puede ser” y “no tiene sentido” que el Gobierno central, al margen de que la competencia sea autonómica, se quede “al margen” de este asunto que afecta al conjunto del país.
“No puede ser que cada comunidad haga lo que crea más conveniente”, señaló el director general, quien considera que no sólo debe tenerse en cuenta esta necesidad desde el ámbito del Turismo, sino también del de la Agencia Tributaria e Interior, en lo que se refiere al control de seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Precisamente este miércoles el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adelantó que abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre, cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las regiones en la Conferencia Sectorial y en el que se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual.
La titular de Turismo, Reyes Maroto, aseguró que ya se revisa toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para “tratar de encajar la definición de vivienda turística”, lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento.
Precisamente el actual decreto que regula esta materia en Castilla y León, que se publicó en el mes de febrero del año 2017 (Decreto 3/2017, de 16 de febrero), fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que lo estimó parcialmente, mientras que desestimó el presentado por la Federación Española que aglutina a los propietarios de las mismas (Fevitur).
En concreto, la Sala de lo Contencioso estimó parcialmente el recurso de la CNMC y anuló la prohibición de cesión por habitaciones de la vivienda de uso turístico, por considerar que dicha limitación al ejercicio de la actividad turística no se encuentra justificada por razones de interés general, ni de protección del consumidor o usuario ni su prohibición deriva de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
