Castilla y León introducirá en su ordenamiento jurídico autonómico el impacto que tiene la despoblación en las normas regionales, que la Junta plantea que sean «menos y mejores», de acuerdo a las medidas aprobadas ayer en Consejo de Gobierno para simplificar y mejorar en ese tema.
«Hay que abandonar el mantra de que los pueblos se vacían porque no hay servicios ya que la gente joven no decide ir a un pueblo por si hay un médico o no sino por las posibilidades de empleo y trabajo», defendió el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige también Igea, una serie de medidas para ordenar y simplificar la actividad normativa de la Junta para el periodo 2019-2023.
Junto con este primer objetivo el Gobierno autonómico también promoverá mediante este acuerdo, por un lado, una cultura de diálogo y participación en la elaboración de las normas y, por otro, sistematizará los procesos normativos para aumentar su calidad y garantizar los plazos de aprobación.
Con este nuevo avance, de acuerdo a la referencia del Consejo de Gobierno, se da cumplimiento a uno de los acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura, dado que en el bloque de medidas de regeneración política e institucional se incluyó la simplificación de trámites y burocracia administrativa.
Los datos del censo de 2011 arrojaban que la Comunidad contaba con casi 3.600 disposiciones, entre leyes, decretos y órdenes. El acuerdo recoge una veintena de medidas concretas, que van a permitir a la Junta de Castilla y León seguir siendo una administración de referencia en la materia.
De hecho, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que en 2009 aprobó y publicó un manual de calidad normativa.
Solamente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña cuentan, como ocurre en Castilla y León, con una Oficina Técnica de Calidad Normativa que vele por el cumplimiento de todas las medidas en este ámbito.
La Junta de Castilla y León será la primera administración española que valorará el impacto de las normas desde el punto de vista de la despoblación y cuáles pueden ser sus posibles efectos; que obligará a la refundición de normas cuando las modificaciones afecten conjunta o separadamente a un tercio de la norma de origen; y que asentará los pilares para que detrás de cada Ley exista tan solo un Reglamento que la desarrolle.
El acuerdo incluye la aprobación anual de un calendario normativo público y transparente (con el fin de que los ciudadanos y las empresas conozcan desde el primer momento las previsiones normativas de esta Administración) y la reducción de los plazos de resolución de aquellas autorizaciones que tengan una duración superior a tres meses, siempre que la legislación básica estatal lo permita. Desde ahora, con la puesta en marcha de estas medidas, el Gobierno autonómico reducirá la burocracia: se obligará a suprimir una norma, trámite o carga administrativa si se quiere introducir una nueva, bajo la regla de “una de entrada, por una de salida”.
Además, se creará una base de datos sobre organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de facilitar proactivamente la audiencia de los colectivos interesados; y se aprobará un proyecto de ley que regulará la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
