El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció este martes que la Junta garantiza un aumento del tres por ciento del fondo de impuestos propios a las entidades locales en 2025, con algo más de 15 millones de euros. Se trata de uno de los puntos incluidos en el orden del día del Consejo de Cooperación Local, celebrado en Valladolid, en el que se abordó cómo afecta la aprobación de la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, por el que suprime el tributo a los vertederos, uno de los dos impuestos autonómicos propios, y que pasará a ingresar el Estado en lugar de la Comunidad, para luego transferir a la Administración.
González Gago recordó que, pese a esta rebaja por la eliminación de este gravamen, la Junta aplicará esta mejora, que supondrá un total de 15 millones de euros para las administraciones locales, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, que deberán superar la tramitación parlamentaria.
El consejero destacó que esta medida se incardina en la “voluntad” del Gobierno autonómico de “garantizar los fondos que las corporaciones locales reciben incondicionadamente cada año en el concepto de impuestos propios autonómicos, que es lo que se llama participación en los ingresos autonómicos”.
Desde 2015, cuando se implantó este nuevo sistema de financiación, este fondo abarcaba dos impuestos: el de afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y el de la eliminación de residuos en vertederos.
Ahora, la aprobación de esta ley nacional en 2022 ha creado el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, un nuevo tributo estatal que recae sobre el mismo hecho imponible que el tributo propio autonómico de residuos en vertederos, y lo deja sin efecto desde 1 enero de 2023.
La creación de este impuesto estatal responde a una “decisión unilateral” del Gobierno de España, sin contar con las comunidades, y se aplica en todo el territorio del Estado español, por lo que su creación afecta “directa y económicamente a las entidades locales de Castilla y León”. Esto supone, continuó González Gago, una “merma, una rebaja en los fondos globales que la Junta aporta anualmente a las corporaciones locales”.
