El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, envió ayer al Consejo de Ministros el requerimiento del pago de las cantidades debidas a la Comunidad de Castilla y León en la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que en total asciende a 182 millones de euros.
Según informó la Junta de Castilla y León en un comunicado, de este montante, 142 millones se calculan de forma directa, mientras que los otros 40 millones corresponden al «nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado».
Concretamente, de estos 40 millones adicionales que reclama ahora el Ejecutivo de Castilla y León, 30,98 millones corresponden al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y 9,32 millones al Fondo de Cooperación.
El requerimiento, cuya solicitud fue aprobada el pasado 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, incluye también los intereses legales correspondientes a las cantidades debidas y «se establece sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que competen a la Comunidad Autónoma», que también estudia reclamar esta deuda por la vía judicial, como así han hecho otras Comunidades.
La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una «perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación», de ahí que el Gobierno autonómico ya haya pedido en varias ocasiones el cobro de esta deuda por parte del Estado.
