La Junta de Castilla y León ha realizado su primera emisión de deuda sostenible por importe de 500 millones de euros en una operación realizada al amparo del Marco Financiero Sostenible a partir de los ejes estratégicos que orientan las decisiones de la Administración Autonómica.
Según informaron fuentes del Ejecutivo, este Marco Financiero autonómico está integrado por un conjunto de proyectos elegibles agrupados en once categorías, asociadas tanto al uso verde como social de los recursos. Asimismo, comprende actuaciones relativas a las energías renovables, la eficiencia energética, la prevención y control de la contaminación, la gestión sostenible de los recursos naturales, el transporte limpio o la gestión sostenible del agua. También, contempla inversiones en infraestructuras básicas, acceso a los servicios educativos y sanitarios, a la vivienda, el apoyo a la generación de empleo y los servicios sociales.
En ese sentido, la Junta explicó que su Marco Financiero Sostenible ha sido verificado y certificado por la agencia especializada ‘Moody’s Investors Service’, en consonancia con la práctica habitual del mercado y de un ejercicio de transparencia, obteniendo la calificación de “excelente”, desde el punto de vista de la calidad de la sostenibilidad.
Se trata, según el Ejecutivo autonómico, de la máxima calificación posible tras valorar que el Marco Financiero de Castilla y León evidencia una “alta” contribución general a la sostenibilidad y que se encuentra alineado en el uso de los recursos, en la evaluación y selección de proyectos, en la gestión de los fondos y en la generación de informes, con las “mejores” prácticas del mercado recogidas en los principios de los bonos verdes, de los bonos sociales y las directrices de bonos sostenibles definidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA), así como con los principios de los préstamos verdes y sociales.
También, indicó que la calificación de la emisión de bonos como sostenible tiene como objetivo atraer el interés de financiadores cualificados que solo invierten en esta tipología de bonos, con una demanda creciente, lo que permite además, ampliar y diversificar la base inversora de la Comunidad favoreciendo la obtención de fondos en mejores condiciones.
Con esta operación la Comunidad es la quinta que realiza una emisión de bonos con estas características. Esta operación supone el acceso de Castilla y León a los mercados de capitales bajo la fórmula de emisión pública, tras su último bono de 2021. Se trata de obligaciones a un plazo de diez años, con vencimiento a 30 de abril de 2033 que devengarán un interés anual del 3,5 por ciento, sin que suponga un mayor nivel de endeudamiento.
Además, Castilla y León cuenta con una buena calificación crediticia, el mismo ‘rating’ que España, Baa1, según la agencia Moody’s. Tras esta emisión y considerando las operaciones de financiación que se han ido concertando desde principios de año, ya se ha cubierto aproximadamente el 84 por ciento de las necesidades brutas de endeudamiento de este ejercicio presupuestadas inicialmente en 1.464,7 millones de euros, de los cuales la mayor parte se corresponde con deuda de reposición destinada a atender reembolsos de créditos concertados anteriormente.
