La Junta considera que Castilla y León cumplió el objetivo de deuda fijado para 2017, ya que el ejercicio se cerró con una deuda de 11.870 millones de euros, el 20,80 por ciento del PIB según los datos difundidos ayer por el Banco de España. Asimismo, desde el Gobierno regional se destacó que la Comunidad “se consolida” como la octava más saneada del país en términos relativos, tras registrar una ratio de endeudamiento del 20,8 por ciento, cuatro puntos por debajo de la media nacional.
En el boletín del Banco de España están incluidas las operaciones suscritas con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) —que suman 2.665,4 millones de euros— y las de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas —que agregan 59,5 millones de euros—.
Asimismo, se contabilizan los préstamos para proyectos de colaboración público-privada y los de carácter reembolsable formalizados por el Gobierno de la Comunidad para apoyar a las empresas. Ambos alcanzan un importe conjunto de 617,2 millones de euros. Para cubrir las necesidades de financiación previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, la Junta ha combinado, una vez más, préstamos bilaterales con emisiones de deuda, que han aportado a las arcas autonómicas 1.023,8 y 553 millones de euros, respectivamente, a lo largo del pasado ejercicio.
De esta forma, se avanza en la diversificación de la cartera desde el punto de vista de su estructura, donde los créditos con la banca representan el 71,5 por ciento del volumen concertado y los títulos valor el 28,5%.
En este sentido, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, insistió en que el Ejecutivo regional “siempre” priorizará la atención a los ciudadanos frente al cumplimiento del objetivo de déficit después de que el ejercicio 2017 se cerrara con un 0,95 frente a un límite fijado en el 0,6 por ciento del PIB y criticó tener superavit y, sin embargo, tener malas evaluaciones sobre los servicios básicos de la región.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Marcos no pudo concretar que consecuencias tendrá para la Comunidad el incumplimiento del déficit en 2017, ya que por el momento no se han establecido los criterios de acceso al Fondo de Facilidad Financiera, al que ha optado Castilla y León en años anteriores, lo que está claro es que la Comunidad se verá obligado a elaborar un Plan Ecónomico y Financiero.
Motivo justificado
En todo caso, la portavoz de la Junta defendió que el objetivo de déficit se ha incumplido en la Comunidad por un “motivo justificado”, ya que “ha hecho falta más presupuesto para poder cumplir con los servicios básicos esenciales”. Además, consideró que esta situación pone en evidencia que el sistema de financiación es un “traje a la medida del PSOE, estrecho desde el primer momento y más cuando crece la necesidad asistencial 500 millones de euros”.
“Siempre se priorizará la atención a las personas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit”, insistió, tras lo que apuntó a la Sanidad como la causa de esta desviación, y, en concreto, el pago de un tratamiento molecular. “Somos rigurosos con la gestión y el cumplimiento presupuestario”, concluyó.
Para Milagros Marcos no es de recibo tener superávit y que las evaluaciones ciudadanas posteriores disten mucho de las “positivas” de Castilla y León. “No se que se puede interpretar que esté sobrando dinero y resulta que tienen parámetros de atención muy por debajo de Castilla y León”, defendió, tras lo que consideró un ejercicio de “responsabilidad política” atender a los ciudadanos.
