La Junta de Castilla y León hará efectivo en el plazo de un mes o mes y medio la cantidad de ocho millones (8.080.000) a las diputaciones provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo para mejorar los servicios que prestan las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios, de servicios sociales y de infraestructura y equipamiento local.
La resolución de estas ayudas, con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General 2024, se publican este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cuando también se reunió el consejero de la presidencia, Luis Miguel González Gago, con los presidentes de las diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo.
Para reforzar las funciones de asistencia de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios se destinan 4.200.000 euros, lo que supone un incremento del 40 por ciento en dos años; políticas sociales, como plazas en centros de salud mental o discapacidad que gestionan las diputaciones 3.800.000 euros; encuesta de infraestructura y equipamiento local 80.000 euros, precisó el consejero.
En declaraciones previas, González Gago destacó que, más allá de la cuantía económica, está el apoyo técnico que se presta a los municipios, en particular a los más pequeños, donde destacó expresamente la extensión del teléfono 012 rural, la bolsa de secretarios interventores interinos y la ayuda en la contratación administrativa, presupuestos, planeamiento urbanístico, medio ambiente o informática para que los municipios puedan realizar una gestión pública más ágil y moderna.
También, precisó que hasta finales de noviembre las diputaciones tienen de plazo para justificar las ayudas y entregar la documentación y en un mes o mes y medio, antes de finales de año, se realizarán el traspaso de los fondos a las corporaciones provinciales.
“Los recursos son escasos y las necesidades infinitas, pero hay un compromiso en el Bocyl”, manifestó la presidenta de FRMP, que valoró el incremento de la ayuda a las oficinas que asesoran a los ayuntamientos en una Comunidad con 2.248 municipios y subrayó que, aunque las ayudas no son novedosas, sí lo es “la demostración de que algunas dan sus frutos”, para mencionar expresamente la bolsa de secretarios interventores.
Armisén manifestó que las diputaciones también aportan una cantidad superior para prestar estos servicios y abogó no solo por reforzar estas oficinas, como manifestó el consejero, sino también por establecer una cartera de servicios básicos desde el respeto a las competencias de cada administración.
De esa manera, destacó el apoyo técnico a los municipios como en los presupuestos y su liquidación, cuyas cuentas tienen que presentar ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León, o en todo el sistema informático y administración electrónica para ayudar en las gestiones que demandan los ciudadanos.
Según se recogen en las resoluciones publicadas en el Bocyl, para el pago de la ayuda concedida, las entidades locales beneficiarias deberán acreditar, hasta el día 22 de noviembre de 2024, el compromiso de los gastos financiados. Además, los gastos a los que se destine la ayuda, deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las subvenciones correspondientes a las oficinas de asesoramiento tienen como objeto los gastos de asistencia a municipios, siendo estos, los precisos para suplir las funciones de secretaría intervención y tesorería, en su caso, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del funcionario habilitado del municipio, según la misma orden.
En el caso de los centros de tratamiento de personas con discapacidad psíquica y a las plazas residenciales concertadas en relación con personas que padecen enfermedades mentales, la ayuda financia los gastos por operaciones corrientes.
