La Junta destina 65 millones de euros para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios y diputaciones de Castilla y León: el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP), que es el derecho de las corporaciones a esta financiación, recogido en el Estatuto de Autonomía, y el de Cooperación Económica Local General (FCELG), de naturaleza “subvencional”. La cifra es casi medio millón de euros más que lo destinado en 2024.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, comunicó al Consejo de Gobierno la cuantía que corresponderá a cada entidad local del FIP y el FCELG en 2025, en el que se garantiza la participación en el reparto de todas y cada una de las entidades locales. Así, la Junta brinda apoyo económico tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.
El 55 por ciento de estos 64,8 millones de euros (35,7 millones) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Por su parte, los de más de 20.000 habitantes recibirán un 25 por ciento de los fondos (16,1 millones) y las diputaciones recibirán el 20 por ciento restante (12,9 millones). Las cuantías individuales del FIP y el FCELG aparecerán reflejadas en el Boletín de la Comunidad la próxima semana.
Fondo de Participación
El primero de los fondos comunicados en Consejo de Gobierno, el FIP, está dotado con más de 14 millones de euros, que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León con carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos. Este fondo está dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el referido a la afección medioambiental por producción de energía.
Hasta el año pasado, el FIP también se nutría de los fondos recaudados a través del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, un impuesto que ha sido eliminado debido a la creación de un nuevo impuesto estatal que recae sobre el mismo hecho imponible: el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Para solventar esta pérdida de ingresos, el otro fondo acordado este jueves por la Junta de Castilla y León, el FCELG, recoge una cuantía adicional de 983.000 euros. Esta nueva cuantía responde al compromiso formulado por la Consejería de la Presidencia en 2024 para que, pese a esta pérdida de recursos públicos autonómicos, las entidades locales puedan percibir, al menos, la misma cuantía que la recibida en 2024 a través del FIP, incrementada además en un tres por ciento, es decir, más de 15 millones de euros. Con estos 983.000 euros, sumados a la cuantía del FIP, de más de 14 millones, “este compromiso se da por cumplido”.
Dentro del FIP, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán más de 7,7 millones de euros. Por su parte, los de más de 20.000 habitantes obtendrán más de 3,5 millones. Por último, las diputaciones provinciales recibirán más de 2,8 millones.
Fondos locales
González Gago explicó que el FCELG permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo es de casi 50,7 millones de euros, incluidos los 983.000 euros para compensar la pérdida de fondos en el FIP. El FCELG está repartido en cuatro segmentos.
Se fija en casi 13,2 millones de euros la cuantía del FCELG destinada a municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes, para municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con más de 14,6 millones de euros. Se asignan más de 12,6 millones de euros a municipios de más de 20.000 habitantes. Por último, se destinan más de 10,1 millones de euros a las diputaciones provinciales.
La AIReF destaca la Plataforma Financiera
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destacó la Plataforma Financiera de la Junta de Castilla y León como “un caso de éxito” para permitir la financiación de proyectos empresariales en la Comunidad, en una iniciativa “innovadora a nivel estatal” que también fue calificada como “única en España”.
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reivindicó esta catalogación por lo que supone para la coordinación interna de los agentes financiadores y por convertir a Castilla y León en “una de las pocas comunidades que busca fórmulas de evaluación del gasto público”.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo destacó que esta plataforma ha permitido a la Junta financiar a un total de 3.630 empresas por valor de 639 millones de euros en 2024, un tres por ciento más que en el año previo y 12 puntos por encima de las cifras de 2022.
