La Junta despide su etapa en funciones con la mirada puesta en el futuro. Medidas, promesas, apuestas y propuestas. En concreto, muchas de ellas fueron pronunciadas y abordadas este miércoles en el último Consejo de Gobierno autonómico antes del comienzo de la XI Legislatura, en la que Alfonso Fernández Mañueco revalida el cargo de presidente del Ejecutivo de Castilla y León.
Desde la convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes anunciada el 20 de diciembre del pasado año, “hemos garantizado la actividad en el día a día”, aseguró ayer el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la última rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la actual Ejecutiva.
Una comparecencia que fue aprovechada para hacer un balance de la gestión en los últimos tres meses, pero también para avanzar algunas de las medidas que se tomarán tras la configuración del nuevo gobierno, que será el segundo en coalición de la historia de Castilla y León.
De este modo, Carriedo detalló que la Junta ha tramitado más de 330 expedientes por más de 2.500 millones de euros durante su etapa en funciones. A su vez, declaró que se ha realizado “un esfuerzo importante en la gestión de los fondos europeos, ampliando créditos presupuestarios y gastando recursos” como los fondos estructurales ‘Next Generation’ de la Unión Europea o la cuota adicional de 20 millones de euros para el programa Moves 3 de movilidad sostenible, asignada por el Gobierno.
Además, también presumió de haber “defendido con interés y pasión los intereses de la Comunidad” en cuestiones como el Plan Hidrológico del Duero o el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que “tanto perjuicio causa al mundo rural en el transporte ferroviario”, manifestó.
Bajada del IRPF
Por su parte, anticipó que el nuevo Ejecutivo autonómico espera aprobar la bajada del IRPF en el primer tramo de esta legislatura, lo que también anunció el recién reelegido presidente Mañueco en su discurso de investidura, “en este año” para que esté en vigor “durante el mismo”.
Asimismo, Carriedo sostuvo que, por su trámite legal, no puede ser aprobada por un Decreto Ley en el primer Consejo del nuevo Gobierno autonómico, que se celebrará el próximo jueves, por lo que tendrá que iniciarse un trámite de proyecto de ley. La tramitación sí se pondrá en marcha “con carácter inmediato” a través del trámite de información pública para reducir “algunos impuestos”, entre ellos “el tramo mínimo para todas las personas” de la Comunidad, es decir, a “todos los contribuyentes con IRPF”, que cifró en un millón de personas.
No obstante, el portavoz en funciones no quiso entrar en el dinero que supondrá de ahorro, ya que “lo tendrá que decir el próximo Gobierno” en función de “el tipo de gravamen que se aplica”, que en todo caso será “más reducido que el anterior”.
También apuntó que será el nuevo Gobierno el que tenga que explicar si se prorrogan o no los presupuestos durante todo el año 2022 o se aprueban unos nuevos. “Sí puedo garantizar que, con las actuaciones desarrolladas para la prórroga y la ampliación de créditos, Castilla y León ha funcionado con normalidad y no ha renunciado a un solo euro”, expuso Carriedo. Y es que el portavoz de la Junta recordó que se está concretando un “alto nivel de ejecución presupuestaria” como, presumió, se hizo en 2021.
Medidas del plan anticrisis
Por su parte, Carriedo avanzó que en una semana habrá “aprobaciones concretas” relativas al plan anticrisis, aunque no quiso establecer cuáles serán. No obstante, recordó que el plan contará con más de 400 millones de euros y un conjunto de medidas que va desde la bajada de impuestos hasta el apoyo a los sectores productivos de la Comunidad que estén atravesando “grandes dificultades”. El plan también incluye partidas de apoyo a las familias y la idea, reiteró Carriedo, es que sea “la primera cosa que hagamos, o haga, el próximo Gobierno”.
Según comunicó el portavoz, a la financiación de este plan se dedicarán parte de los 190 millones del IVA de 2017 que el Gobierno tuvo que devolver a la Junta como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a la argumentación del Ejecutivo autonómico. Todo esto será abordado, previsiblemente, justo después de Semana Santa.
Toma de posesión
Tras la aprobación y firma del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el de Castilla y León (Bocyl) publicaron este miércoles el nombramiento definitivo de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, en el marco del Real Decreto 282/2022, de 12 de abril, después de la sesión de investidura celebrada el lunes y por la que el jefe del Ejecutivo fue respaldado por los votos de PP y Vox. En concreto, el documento oficial hizo pública esta información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 26.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en un real decreto firmado por Pedro Sánchez.
De este modo, llegó el momento del paso definitivo para la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico. Precisamente, según recogió ayer la agenda parlamentaria, la toma de posesión de Mañueco como presidente de la Junta se celebrará el próximo martes, 19 de abril, a las 12.00 horas. A este se sumarán los consejeros, cuyos nombres serán desvelados, previsiblemente, en el mismo acto.
En esta misma línea, Carriedo señaló que Mañueco “no nos ha transmitido ninguna de sus propuestas” por lo que no pudo informar sobre “quienes serán los futuros consejeros”. “Falta poco para anunciarlo”, concluyó.
