La Junta de Castilla y León inicia la tramitación administrativa ordinaria de las elecciones autonómicas para el año 2026 con la licitación del contrato para el recuento informático electoral que ha sido autorizado este jueves, 28 de agosto, por el Consejo de Gobierno.
Según señala el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, en marzo de 2026 se celebrarán las duodécimas elecciones a las Cortes de Castilla y León por agotamiento de la legislatura, que comenzó tras los últimos comicios celebrados el 13 de febrero de 2022, y que dieron inicio al actual periodo parlamentario.
La organización de este proceso electoral es competencia de la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de la Presidencia, que coordinará todos los recursos, trámites y las actuaciones necesarias.
La finalidad de estas actuaciones, de carácter normativo, administrativo o contractual, es que todo esté dispuesto para que la jornada electoral se celebre con las máximas garantías democráticas. Por este motivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la licitación del contrato de servicios de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de dichos procesos electorales.
Este contrato cuenta con un presupuesto de 5,1 millones de euros, correspondientes a la anualidad de 2026.
El contrato abarca múltiples servicios, entre los que se encuentran la gestión de los centros de datos, la formación de los representantes de la Administración Autonómica, las funciones de apoyo a las juntas electorales, la preparación y el apoyo en la transmisión de información a la ciudadanía durante el desarrollo de la jornada electoral, la gestión de la aplicación informática para el seguimiento de dicha jornada, el escrutinio provisional, la consolidación de los datos del escrutinio definitivo de las Juntas Electorales Provinciales, y la integración de estos datos en la web de la Junta de Castilla y León.
Este procedimiento abre la vía para la preparación de futuras licitaciones, relacionadas con la adquisición de material, o el alta en la Seguridad Social y la contratación de seguros para los más de 40.000 miembros de mesa, titulares y suplentes.
“La magnitud del operativo requiere una coordinación precisa entre todos los actores implicados, que la Junta de Castilla y León llevará a cabo con la máxima transparencia y eficiencia, y favoreciendo la participación ciudadana”, señalan fuentes del Gobierno autonómico.
