El exdirector general de la Policía y exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, la exdiputada del PP por Valladolid Ana Torme y la exsenadora popular por León Esther Muñoz son tres de los últimos contratados o designados por la Junta de Castilla y León como asesores en Presidencia y Sanidad.
A través de una orden firmada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, fueron nombrados técnicos asesores además del propio Ignacio Cosidó y la leonesa Esther Muñoz, las salmantinas Aurelia Hernández Roza, que fue secretaria de Mañueco en su etapa como alcalde de Salamanca, e Isabel Hernández Rozas, que al final de la pasada legislatura formó parte del Gabinete de Presidencia de las Cortes, cuando accedió al cargo el actual consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.
Según se especifica en el portal de transparencia de la Junta, Ignacio Cosidó se incorpora al Ejecutivo autonómico como técnico asesor, con una remuneración de 3.982 euros al mes (54.039 euros al año), mientras que Muñoz se sumará como asesora del gabinete del Presidente con un salario mensual de 3.452 euros (46.024 al año).
Cosidó dejó de ser portavoz del PP en el Senado entre críticas y acusaciones por su supuesta vinculación con la Operación Kitchen, que siempre ha negado, y también por la difusión de un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores de su grupo donde se apuntaba que el acuerdo que el PP y el PSOE habían pactado en noviembre de 2018 para proponer al magistrado Manuel Marchena presidente del CGPJ permitiría controlar “desde detrás” el alto tribunal, lo que frustró finalmente el pacto.
En el caso de la Operación Kitchen, tiene que ver con su etapa al frente de la Dirección General de la Policía, con Jorge Fernández Díaz como titular de Interior, en la que se investiga al excomisario Villarejo y otros exaltos cargos de este departamento que supuestamente intentaron sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas información sensible que pudiera perjudicar a ese partido.
Sobre estos asuntos, el presidente del PP, Fernández Mañueco, afirmó que cada uno era responsable de sus actos, sin embargo, también confesó en una rueda de prensa que “Nacho” era su “amigo”.
Además del exsenador, también pasará a formar parte de la plantilla eventual de la Junta la exsenadora del PP Esther Muñoz, quien reprochó en una de sus intervenciones en la Cámara Alta que el Ministerio de Justicia destinara 15 millones de euros a la Memoria Histórica para “crear una verdad de Estado” y para “desenterrar unos huesos”.
En el caso de la exdiputada Ana Torme, forma parte de sendos nombramientos mediante el sistema de libre designación, firmados por la consejera de Sanidad que también nombra técnico asesor a Ana Dorado.
Torme dejó de ser parlamentaria del PP en 2015, tras cuatro legislaturas como diputada y una como senadora por Valladolid, en un momento en el que estuvo investigada por su supuesta vinculación con un caso de cohecho y falsedad de documento mercantil por su actividad como asesora de la empresa Sirga XXI, en la que estaba asociada con Vicente Martínez Pujalte, a quien la propia Torme denunció por considerar que la había engañado.
