La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, descartó la posibilidad de que el Gobierno de Juan Vicente Herrera presente el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2019 desde el convencimiento de que es “materialmente imposible” ya que prácticamente no hay “plenos suficientes” para tramitar las cuentas ya que las Cortes regionales se disolverán a principios de abril.
De este modo se pronunció la portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas tras confirmarse que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, viernes, la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
“No conocemos el presupuesto; es difícil valorar algo que no conocemos”, explicó la portavoz que insistió en la imposibilidad de presentar el proyecto de cuentas regionales con seriedad y con rigor ya que, entre otras cosas, las nacionales todavía no han sido ratificados en las Cortes Generales.
Dicho esto, la portavoz aprovechó su reflexión para pedir que las cuentas del Estado no incluyan ni incentivos ni cesiones a las fuerzas independentistas ni inversiones “extras” para otras comunidades autónomas como consecuencia de “pactos” que perjudiquen a Castilla y León.
Marcos exigió a este respecto que el proyecto de presupuestos generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez contemple condiciones de igualdad para todas las autonomías para no perjudicar “en nada” los intereses de Castilla y León que, según ha advertido, no va a consentir pactos en detrimento de los intereses de los castellanoleoneses.
Dicho esto, Marcos lamentó que no se hayan analizado antes cuestiones “clave” como la reforma del modelo de financiación autonómica para garantizar la suficiencia financiera que asegure, a su vez, la prestación de los servicios públicos esenciales.
En este sentido, aprovechó la ocasión también para significar que Castilla y León haya sido la primera comunidad autónoma en regular la subida salarial del 2,25 por ciento para el personal al servicio de la Administración a partir de la nómina de enero y que ha cifrado en 120 millones de euros para lo que se ha publicado un decreto ley en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), como obliga la actual situación de prórroga presupuestaria.
