La Junta de Castilla y León pondrá a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) más de 1.600 historias sociales e informes de vulnerabilidad de víctimas de violencia de género con los que cuenta con el fin de que se puedan valorar mejor los riesgos y hacer diagnósticos más “certeros” y “precisos”.
Así lo aseguró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, para coordinar y colaborar en lo que ambos ejecutivos consideran una “prioridad” como es la lucha contra la violencia de género.
García señaló que estos informes, que alcanzaban los 1.600 en 2017, cuando se puso en marcha, ya son accesibles para jueces y fiscales tras el acuerdo firmado entre la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Fiscalía.
Ahora se hizo llegar la propuesta a la Delegación del Gobierno para que también lleguen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, para lo que se iniciarán los trabajos técnicos que permitan que dispongan de ellos para contar con más información y proporcionar más protección a las víctimas.
La consejera señaló que a lo largo de los años siempre se ha cooperado y ha habido “unidad” en la lucha contra la violencia de género, para lo que se ha participado en el modelo de atención que se ha desarrollado en la Comunidad y en el marco del Pacto de Estado contra este tipo de violencia.
MEDIDAS
En este sentido, recordó y puesto a disposición de la Delegación algunas medidas que se han puesto en marcha como el servicio de atención e intervención psicológica en sede policial, en funcionamiento desde julio y que permite apoyar a la víctima desde el primer momento; la asistencia letrada y psicológica para mujeres y niñas víctimas de abusos o agresiones sexuales; la formación, ya llevada a cabo con otros colectivos, que se recoge en el Pacto de Estado y que se puede extender a FCSE; o la red de detección de víctimas de trata y su asistencia, que también ha empezado a funcionar hace pocos meses.
En definitiva, afirmó que se trata de luchar contra la violencia de género con unidad de acción, algo con lo que ha coincidido Virginia Barcones, quien ha lanzado un mensaje “inequívoco” a las mujeres de Castilla y León de que esto se lleva a cabo de esta manera. Para ello, ha señalado la delegada, se ha mantenido primer encuentro de “muchos” en el que se ha puesto el “foco” sobre diversas cuestiones específicas.
La delegada se ha comprometido a difundir los programas y coordinar la información para ser más efectivos en la lucha contra la violencia de género y ha apuntado que en los próximos días se hará efectiva la financiación correspondiente al Pacto de Estado, que supone 7,5 millones de euros para los programas de la Comunidad, otros 1,5 para las entidades locales y 600.000 para programas como los de atención para víctimas de agresiones sexuales.
Barcones agregó que también se trata de mejorar los protocolos y desarrollar nuevas acciones para la protección de las víctimas y trabajar también en el ámbito de los Servicios Sociales, en el laboral y en todos aquellos que permitan que las víctimas puedan regresar a la normalidad en su vida “en el menor tiempo posible”.
VALORAR MEJOR EL RIESGO
En este contexto, Alicia García y Virginia Barcones se han referido a las últimos casos de violencia de género conocidos y en los que podrían haberse cometido errores en la valoración del riesgo.
Por ello, además de compartirse la historia social de las víctimas y los informes sobre su vulnerabilidad, ambas han coincidido en la necesidad de mejorar los protocolos, ya que el existente para la valoración del riesgo es de 2007, aunque se han llevado a cabo modificaciones y ajustes.
García señaló que quizá habría que revisar este protocolo, que supone una valoración inicial por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo en lo que afirmó que le consta que trabaja el Ejecutivo central con las universidades para adecuarse a nuevas formas de situación de violencia actuar de una manera más eficaz. Barcones incidió en que este protocolo tiene once años y debe modificarse para adaptarse y mejorar la respuesta.
