La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León apuesta este año por impulsar sus inspecciones sobre transportistas no residentes, que actúan bajo la fórmula fraudulenta de empresas ‘buzón’, ya que no tienen actividad en su país, sino en otro estado miembro, pero contratan a sus trabajadores en origen para ahorrarse costes.
Su control será una prioridad este 2024, junto a las que hayan sido pilladas con el tacógrafo de sus vehículos manipulado. El nuevo Plan de Inspección del Transporte por Carretera de la región para este ejercicio, enmarcado en el diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, centrará sus acciones en aquellas empresas “con mayor tendencia infractora” para garantizar que la Comunidad cuenta con un transporte “eficaz, de calidad y seguro”.
Las actuaciones de inspección se efectuaron sobre un total de 30.823 vehículos en 2023, de los que 25.222 eran nacionales -22.421 de mercancías y 2.801 de viajeros- y 5.601 internacionales -5.533 mercancías y 68 de viajeros-. Por provincias, Salamanca fue donde se vigilaron a más vehículos (4.935), seguida de Soria, con 3.911; Valladolid, con 3.595; Zamora, con 3.574; Segovia, con 3.568; Palencia, con 3.314; León, con 3.221; Burgos, con 2.743, y Ávila, con 1.962.
Como consecuencia de todo ello, se formularon 17.113 denuncias y 1.352 inmovilizaciones en Castilla y León. Los tiempos de conducción y descanso motivaron el 77,22%, en concreto, 13.215 denuncias, y el exceso del peso 1.575, el 9,2 %Le siguieron la autorización para el transporte con 1.012 y el tacógrafo -carencia y manipulación- 482.
