La Junta de Castilla y León asumirá el pago de los gastos de la Fundación SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales) para garantizar su funcionamiento mientras la entidad, formada por la Administración, sindicatos y patronal, busca la fórmula para reducir algunas partidas y lograr algunos ahorros, como en el alquiler de la sede, mediante el traslado a dependencias de la propia Comunidad o mediante la búsqueda de unas instalaciones más baratas que las actuales, en el centro de Valladolid.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó la decisión adoptada por el Ejecutivo para permitir con la subvención de 400.000 euros otorgada al SERLA en mayo, y sin incrementarla, abonar los gastos por el arrendamiento de la sede, unos 28.000 euros, que ya habían motivado el inicio del proceso de desahucio, previsto para septiembre.
Asimismo, la Junta permitirá a la Fundación pagar las nóminas que no había cobrado el director gerente, equivalente a la remuneración de un alto cargo o director general de la Junta, así como otros servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de conflictos laborales. También, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, que se podrán dedicar a gastos del segundo semestre del pasado año 2023.
Esta decisión de la Junta, que se produce tras la ruptura del pacto de PP y Vox y la conformación de un gobierno en solitario presidido por Alfonso Fernández Mañueco, se ajusta al acuerdo alcanzado por los miembros del Diálogo Social, UGT, CCOO y CEOE, con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el pasado lunes, cuando acordaron dar una salida a la situación del Serla y reactivar este modelo de concertación en la Comunidad.
En ese sentido, Fernández Carriedo explicó a preguntas de los periodistas que la Junta pagará el alquiler de la sede mientras se lleva a cabo la búsqueda de ahorros, mediante el traslado a otro espacio “a coste cero” o con un precio “más reducido”, ya que explicó el Ejecutivo tiene la “obligación” de sufragar los gastos que se generen por la prestación de un servicio público. También indicó que aunque no haya ninguna aportación de otra administración, harían el “esfuerzo” para hacer frente “a todas las deudas” con el fin de no perjudicar a los ciudadanos.
Al respecto, el consejero portavoz insistió en que la Junta garantiza y ha garantizado “siempre” el funcionamiento del Serla, también en esta legislatura, donde Vox gestionó la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de su titular Mariano Veganzones. A pesar de las críticas del Gobierno de España, dijo Fernández Carriedo, el servicio ha seguido existiendo y añadió que ahora además se flexibilizan las condiciones de la aportación de la Junta para que puedan hacer frente a las deudas.
No obstante, el portavoz de la Junta aseguró que la “idea” del Gobierno autonómico es que el Serla siga con su actividad, al ser un órgano “relevante”, que ayuda a reducir la conflictividad laboral, puesto que evita huelgas y paros, pero también que intente ofrecer su servicio de la “forma más eficiente posible”.
Por otra parte, el portavoz de la Junta confirmó que a finales de agosto o principios de septiembre se celebrará la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social para concretar y finalizar los acuerdos adoptados fruto del trabajo y la negociación del último año. El siguiente paso, dijo, será llevar estas materias al Consejo del Diálogo Social que preside Fernández Mañueco y que en el último debate de política general en las Cortes ya avanzó pactos en algunas materias.
Protección Civil
El Consejo de Gobierno autorizó una inversión de 588.035 euros destinada a aprobar el gasto de un expediente de contratación para la adquisición de once furgonetas multiplaza, destinadas a Ayuntamientos que dispongan de Agrupaciones y Asociaciones de Protección Civil.
El objetivo de esta acción es trasladar a un mayor número de voluntarios en menos tiempo. Asimismo, afirmaron que lograrán una mayor eficiencia energética, al minimizar el impacto sobre el medio ambiente y la reducción del riesgo de conducción al disponer de una mejor visibilidad dada la altura de los vehículos. Los vehículos dispondrán de un kit genérico de imagen corporativa, kit de alta visibilidad y rueda y llanta de repuesto.
Bancos de alimentos
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención por un importe total de 303.600 euros a la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León y las asociaciones integradas en este ente para financiar los programas de provisión y distribución de excedentes alimenticios, incluidos en la Red de Protección a las Familias, lo que supone un incremento del 20 por ciento sobre la subvención concedida para el ejercicio pasado
Dentro de los recursos que incluye la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León se encuentra el servicio de provisión inmediata de alimentos y el servicio de su distribución coordinada para el acceso a una alimentación básica y adecuada a sus necesidades a aquellas personas que lo precisen.
Conferencia de Presidentes
La Junta de Castilla y León mantiene que sería “deseable” que el Gobierno convocara la Conferencia de Presidentes sin esperar a que un tribunal lo exija, tras el anuncio de la Comunidad, además de otras autonomías gobernadas por el PP, de que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
Carriedo explicó que la Comunidad mantiene su decisión de presentar el recurso, pero señaló que el “mero anuncio” ha tenido un “primer aspecto positivo”, ante la reacción del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fijó para septiembre la Conferencia de Presidentes.
ernández Carriedo consideró que “no sería bueno” que se dilatara “mucho” la celebración de la Conferencia de Presidentes, porque además recordó que su propio reglamento establece que puede ser convocada por el presidente del Gobierno o por una mayoría de comunidades, que en este caso son diez las que lo han pedido. Además, apuntó que están sobre la mesa “temas muy importantes”.
