La Junta de Castilla y León aprobará próximamente un plan de ámbito autonómico para construir casi 600 viviendas en municipios rurales industrializados, en los que exista una “tensión” en el mercado inmobiliario que impida el crecimiento de las empresas. Así lo anunció hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante el debate de una interpelación en el pleno de las Cortes, formulada por el el procurador de Vox Miguel Suárez Arca.
En ese sentido, el consejero explicó que inicialmente eran 250 las viviendas previstas, con una inversión de 32 millones de euros, de acuerdo al proyecto avanzado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate de política general de la Comunidad, celebrado el pasado mes de junio. Sin embargo, ahora su departamento eleva la previsión hasta las 500 viviendas o incluso las 600.
Con ello, además, dijo que se mejora la seguridad de los trabajadores evitando el desplazamiento desde sus lugares de residencia hasta los municipios rurales que albergan industrias. Hace medio año, Fernández Mañueco citó entre los municipios beneficiados por este plan de vivienda a Aguilar de Campo (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Ólvega (Soria) o la Ribera del Duero, aunque se podrían sumar otros en función de la demanda.
De esta forma, el consejero, que destacó la coincidencia de la política de vivienda de Vox y el PP, señaló que la Junta está promoviendo entre 3.000 y 3.200 viviendas en la Comunidad, que incluyen las 1.000 que se construyen y venden con un descuento del 20 por ciento para jóvenes. Las otras 2.200 son las procedentes de plan de vivienda en municipios fuertemente industrializados, pero también las 1.098 del programa de ‘cohousing’, las 134 rehabilitadas de camineros, las 63 de la avenida Puente Colgante de Valladolid -ya rematadas- o las 94 compradas a la Sareb y las 290 del programa Rehabitare, entre otras.
Todo ello, señaló el consejero, suma 903 millones de euros, de los que 247 proceden de fondos europeos, 516 de fondos de la Junta -404 de inversión y 112 de beneficios fiscales-, 109 del Gobierno y 30 de las diputaciones provinciales. Con ello, señaló que que el parque público de vivienda pasará de las 3.092 a las 4.500 en los próximos años, al tiempo que remarcó la apuesta por la construcción industrializada que plantea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apuesta por la madera, el hierro y el hormigón para abaratar costes y agilizar la ejecución.
Sin embargo, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca planteó un “viraje” de 180 grados en el proyecto de “demolición” de PP y PSOE, “unos y otros”, al tiempo que recordó el ‘no’ del PP a las propuestas de su grupo en las Cortes. Además, aprovechó para desgranar el plan de su partido que pasa derogar la actual ley de vivienda y el resto de “sinsentidos”, así como por luchar de forma “decidida” contra la ocupación. También planteó poner “fin” a la política de fronteras “abiertas” para articular medidas para los españoles, con rebajas de impuestos o alquileres asequibles como solución temporal.
