Durante la última reunión del Consejo Agrario de Castilla y León celebrado esta misma semana, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, expresó a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), su rechazo a la nueva propuesta de Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea.
Esta propuesta se centra en un nuevo Marco Financiero Plurianual presentado en Bruselas que contempla un importante recorte presupuestario cercano al 25% así como una simplificación de los planes estratégicos nacionales y un enfoque en la sostenibilidad y el relevo generacional.
Una propuesta, todavía pendiente de aprobación, que ha generado controversia en el campo castellano y segoviano y que la consejera rechazo de pleno ya que “no podemos aceptar una reforma donde la PAC pierde su autonomía y su solidez”.
Por todo ello González Corral dejó clara la “hoja de ruta” que van a seguir desde la Junta y que está plasmada en la declaración institucional firmada en mayo con las organizaciones agrarias, y a la que se ha adherido la Unión de Cooperativas Urcacyl, donde se defiende un presupuesto fuerte, el apoyo a la agricultura profesional, la incorporación de jóvenes, precios justos, mayor simplificación e inversiones estratégicas en regadíos, entre otros.
En este sentido, ahora se creará un grupo de trabajo entre la Consejería y las organizaciones agrarias, quienes han apoyado sin fisuras la constitución de un frente común en defensa de las prioridades de Castilla y León. “La posición de la Junta, como ha trasladado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, será trabajar con las OPAS para lograr una posición sólida y rotunda en defensa de una PAC justa”, señaló González Corral.
Precisamente el presidente rechazo públicamente y con contundencia hace unos días el “rumbo que está tomando” la negociación de la nueva Política Agraria Común, asegurando que: “Rechazamos cualquier recorte presupuestario, que se diluya en un fondo único y que pierda la singularidad de apoyo al campo, al sector primario”.
Así expresó su apoyo al campo castellano ya que “todos tenemos claro que los agricultores y los ganaderos son una pieza fundamental” del mundo rural y no dejó pasar la oportunidad para asegurar que desde la Junta estarán al lado de las organizaciones agrarias para conseguir “una PAC con un presupuesto fuerte, robusto e individualizado, sobre todo, que defienda las necesidades reales de nuestro campo y que garantice la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias”.
Recortes
Para González Corral uno de los principales motivos de preocupación de la propuesta lanzada desde Bruselas es el recorte “inadmisible” en los fondos que Europa destina a la PAC ya que, aunque no se conoce el alcance real de la disminución financiera, podría situarse entre un 20 y un 30 %.
Asimismo, la consejera lamenta la unificación de los dos fondos actuales para pagos directos (FEAGA) y desarrollo rural (FEADER) dentro de un gran fondo multisectorial donde cada Estado define sus propias prioridades, el nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional (PNR). “Esta modificación supone la pérdida de autonomía, relevancia estratégica e independencia de la PAC, que quedará subordinada a las prioridades que defina cada Estado miembro en sus planes estratégicos nacionales”.
Por todo ello la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mostrado su oposición a este modelo de gobernanza que acentuará las desigualdades entre territorios y provocará competencia entre agricultores europeos. “No podemos dejar en manos de cada Estado la decisión sobre qué es lo que se destina a la PAC porque dejamos de jugar con las mismas condiciones”, concluye.
Impacto en el sector
Asimismo, la consejera ha alertado de que el nuevo sistema de ayudas perjudica directamente a los agricultores y ganaderos profesionales, al imponer ayudas decrecientes, la llamada ‘degresividad’ a partir de 20.000 euros, y un límite máximo por beneficiario que “choca frontalmente con la agricultura profesional de Castilla y León”.
También ha mostrado su preocupación por el retroceso que supone la propuesta en las políticas de desarrollo rural, como el apoyo a jóvenes o el regadío, ya que desaparece el fondo específico y el presupuesto se podrá destinar a otras áreas, por lo que las inversiones rurales pasan a ser más vulnerables a posibles recortes.
En cuanto a los próximos pasos, la Consejería ha solicitado junto a varias comunidades autónomas la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial presencial con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar de forma detallada la propuesta comunitaria.
Reacciones
Desde que saliese a la luz esta propuesta de PAC 2028-2034 las reacciones del sector y las diferentes OPAS, así como de distintros representantes políticos no se han hecho esperar. Para el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, “lo primero es garantizar que no se recorte ni un euro los fondos que recibe Castilla y León, que ya es insuficiente para las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Y lo que estamos oyendo no es bueno, puede perjudicar justo a la agricultura y ganadería profesional, que es la que predomina en Castilla y León”.
Por su parte Pablo Rincón, secretario general de ASAJA Segovia, cree que es “inadmisible que se reduzca el presupuesto de la PAC para el nuevo periodo a partir del 2027”, añadiendo que desde ASAJA Segovia “demandamos que oigan al sector y se legisle para poder hacer viable económicamente la agricultura y ganadería española”.
La organización agraria Unión de Uniones también ha expresado su disconformidad ante el anuncio del nuevo Marco Financiero Plurianual presentado en Bruselas. “Hablan de modernizar, de integrar, de simplificar, pero lo que hacen es meter la tijera al medio rural y a la agricultura”, denuncian.
Desde la organización temen que en el escenario que se dibuja para el 2028 el sector agroalimentario queda sistemáticamente relegado en la relación de prioridades.
Unión de Uniones alerta además del riesgo de distorsión competitiva entre agricultores europeos. Si un Estado prioriza más la agricultura que otro en su Plan Estratégico, sus productores podrían recibir significativamente más apoyo, rompiendo el principio de equidad. “Con esta propuesta la PAC pierde la “C” de Común” critican.
También preocupa en la organización que la flexibilidad financiera prevista pueda ser una “puerta trasera para trasvasar recursos del campo a otras políticas, debilitando aún más la estabilidad de los apoyos al medio rural”.
Además de las principales organizaciones agrarias, grupos políticos como el PSOE han alzado la voz ante lo que consideran “un golpe sin precedentes a la agricultura segoviana y al desarrollo rural de nuestra provincia”. Así lo ha denunciado el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, quien ha calificado este nuevo marco presupuestario como “la mayor amenaza para el campo segoviano en décadas”.
El socialista ha explicado que esta reforma no solo reduce drásticamente las ayudas directas del primer pilar, sino que prácticamente elimina el segundo pilar de la PAC, que financia las políticas de desarrollo rural. “Eso significa menos oportunidades, menos relevo generacional, menos digitalización, menos servicios y más despoblación en nuestros pueblos”, ha advertido.
Segovia es una provincia eminentemente rural por ello “el desmantelamiento del segundo pilar de la PAC (en referencia a las políticas de desarrollo rural) supone romper la columna vertebral del progreso en nuestros pueblos”, asegura Aceves.
