La Consejería de Agricultura y Ganadería aplaza hasta el año 2019 la entrada en vigor de la aplicación del Real Decreto 980/2017 que añade dos nuevos requisitos de condicionalidad sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales relativas al mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo, lo que obliga a los beneficiarios que reciban pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o de apoyo a la cosecha en verde del viñedo a adaptar la maquinaria de aplicación de purines.
Esta nueva normativa, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), prohíbe el uso de sistemas de plato, abanico o cañones y obliga a enterrar los estiércoles sólidos en un plazo máximo de cinco días desde que se suministra al terreno a través de técnicas de inyección o bandas.
De este modo, y tras llevar a cabo un estudio de la maquinaria de aplicación de purines existente en Castilla y León, se ha comprobado que la mayoría de las cisternas tienen sistemas de esparcido de plato, abanico o cañones, cuyo uso supone el incumplimiento de condicionalidad. Por este motivo, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha estimado oportuno posponer la aplicación de ese Real Decreto y establecer un periodo transitorio en la aplicación hasta la puesta en marcha de esta normativa con el objetivo de permitir que los agricultores y ganaderos de la Comunidad cuenten con un plazo suficiente para poder avanzar en la adaptación de su maquinaria a las nuevas obligaciones.
Para ayudar al sector a llevar a cabo este cambio que obliga la ley, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se está preparado una nueva convocatoria de renovación de maquinaria agrícola dirigida especialmente a la sustitución de los sistemas de distribución de purines no localizado (plato, abanico o cañones) por sistemas de aplicación localizada (inyección, bandas, etc.).
Por su parte, Asaja ha calificado de «totalmente insuficiente» el plazo de un año que ha dado la administración regional al sector. Según esta organización, se trata de un margen «meramente simbólico, porque es imposible lograr ese objetivo en estos pocos meses». Salvo un puñado de grandes empresas, la inmensa mayoría de las explotaciones no cuenta con los elementos precisos para cumplir la nueva normativa, que implica tractores de más caballaje y maquinaria específica y costosa, dicen. A la vez recuerdan que esta región cuenta con fincas con fuerte pendiente y pequeñas dimensiones, que hacen muy difícil esparcir el purín atendiendo a las “normas marcadas desde los despachos de la administración”.
