La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y los sindicatos USCAL, UGT y CCOO firmaron ayer un acuerdo donde se plasman las mejoras que tienen que ser implementadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad, el cual será remitido hoy a Función Pública. Una propuesta de la que se ha descolgado finalmente CSIF, que afirma que se trata de un “documento vacío con el que no se soluciona la problemática del sector”.
Juan Carlos Suárez-Quiñones detalló que dicho acuerdo determinará mejoras retributivas “sustanciales y cualitativas”, con incrementos en niveles y en el complemento específico de las distintas categorías del cuerpo, así como el compromiso para que la Consejería, a la hora de elaborar la solicitud y propuesta de oferta de empleo público, haga una petición anual de creación de 150 plazas, que determinará, finalmente, la Consejería de la Presidencia para “conseguir que toda la RPT esté cubierta por personal funcionario”.
Además, indicó que se ha llegado a un “acuerdo relevante” para mejorar la interlocución de la Consejería con los sindicatos firmantes, formando un grupo de trabajo que se reunirá para analizar todos los aspectos relevantes de carácter funcional del colectivo, como determinar qué modificaciones normativas habría que realizar en el reglamento de los agentes, que tiene 22 años de antigüedad, mejoras sobre la especialización del cuerpo.
Así, la nueva RPT propuesta estaría formada por 971 agentes medioambientales, un colectivo que, a día de hoy, cuenta con cerca de 800 como funcionarios. La vocación de la Junta es llegar a 971 funcionarios fijos en el cuerpo con “una especialización adecuada y siendo tratados mejor desde un punto de vista de niveles y complementos”.
Suárez-Quiñones trasladó que se trata de un acuerdo que “ha costado varios meses trabajar”, porque se han producido renuncias entre los integrantes y firmantes “en favor de llegar a una postura común”, quien puso en valor el trabajo y la labor que realiza el colectivo en la Comunidad, de la mano de unas funciones vitales en torno a la naturaleza, además de agradecer el trabajo y el diálogo realizado por los diferentes sindicatos.
De la firma se descolgó el sindicato CSIF, ya que calificaron el documento como una “servilleta de bar”, al tratarse del “primer documento de la historia de la Junta que no tiene una fecha de aplicación y que no cumple con ninguna garantía jurídica”, afirmó la delegada del sindicato, Sara Mateos, quien añadió que se establece como un “documento vacío con el que no soluciona la problemática del sector”.
