El Ministerio de Cultura y Deporte seguirá adelante con la solicitud de intervención al juez de la SGAE a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, pero se quedan en el aire otras iniciativas como la Ley de Mecenazgo o la reforma del INAEM.
A lo largo de la legislatura de Sánchez ha habido un desencuentro con la SGAE que ha desembocado en la decisión de Cultura de solicitar a un juez la intervención parcial de la entidad, si bien estaba prevista a más tardar para finales de semana y aún no se ha producido. No obstante, fuentes del Ministerio confirmaron que seguirán adelante con este proceso.
“El ministerio ha tenido mucha paciencia y al final las leyes hay que cumplirlas”, señaló Guirao ayer, tras recordar que la solicitud de intervención iba a girar en torno a lo reclamado en sucesivos requerimientos: modificación de los estatutos “de acuerdo con la ley”, nuevos criterios de repartos de derechos y la habilitación del voto electrónico en elecciones.
Tras su llegada al Ministerio de Cultura y Deporte, José Guirao anuló el decreto que acordaba la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, aprobado el mes de abril por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, en este tiempo Guirao puso en marcha la transformación del INAEM con el inicio de los trabajos para la elaboración de una ley propia y tenía prevista la creación de un Centro Nacional de Difusión de la Danza, según el modelo del Centro Nacional de Difusión Musical creado en 2011.
En el aire queda también la reforma para la “adecuación” de la Constitución española a un lenguaje “inclusivo”, una medida anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El primer paso dado por el Ejecutivo para esta medida fue el encargo a la RAE a mediados de 2018 para elaborar un informe al respecto, si bien la institución (que ya tiene el documento terminado) no lo ha debatido en su pleno.
Una vez fuese aprobado por la RAE, el informe se enviaría al Gobierno y tomaría una decisión, aunque Calvo ya avanzó que el Ejecutivo seguiría con el proceso “haya o no asesoramiento” de la institución académica.
En cuanto a los papeles del Archivo de Salamanca, se estaba a la espera de una comisión mixta para abordar los temas pendientes de un asunto en el que, tal y como reconocían fuentes del Ministerio, existen “discrepancias de fondo”. Por ejemplo, con la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que pedía “exigir a la Generalitat” la devolución de 400.000 documentos enviados “ilegalmente” a Cataluña.
Cultura, que aseguraba que “carece de sentido” establecer un número de documentos que deben retornar al archivo, insistió desde el principio que únicamente había problemas de “carácter técnico” y esperaba llegar a acuerdos a través de la comisión de valoración técnica creada para ello (sin tener “previsto” nuevas leyes que pudiesen promover otras salidas más allá de las que contempla la normativa vigente de 2005).
El nuevo Gobierno deberá afrontar el problema generado por la reventa de entradas, y del que ya hay un informe aprobado en octubre sobre una futura regulación entre Cultura y las comunidades autónomas. Pese a que este documento podría terminar en una normativa estatal, faltaban por conocer los plazos y las decisiones que tomarían las comunidades autónomas. Entre las propuestas destacaba la posibilidad de prohibir la reventa “habitual” de entradas, es decir, las de carácter lucrativo.
Tras la devolución del Pleno del Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, otro de los objetivos del nuevo Gobierno será el de dotar una partida específica para permitir el inicio de las obras del Salón de Reinos proyectadas por el Museo del Prado para este año. Con el proyecto de Presupuestos para 2019, el Prado contaba con casi diez millones de euros más para esta iniciativa, que Guirao consideraba se podrá empezar en 2019 aún sin esa partida.
