La huelga de los funcionarios de justicia ha provocado hasta el momento la suspensión de 15.000 vistas y juicios en Castilla y León, alrededor de 3.700 de las cuales en Valladolid, donde también se acumulan más de 8.000 demandas en espera de tramitación o 18.000 escritos de proveer. Así lo apuntó el responsable del sector de Justicia de CSIF Castilla y León, Juanjo Banciella, durante la cacerolada organizada por el sindicato frente a la sede del PSOE en Valladolid.
“Esta cacerolada pretende visibilizar el pucherazo que se quiere dar en la administración de Justicia, en la que un Gobierno clasista se reúne con solo unos pocos (los estamentos más privilegiados y con mejores retribuciones), para acordar subidas de sueldo solo para ellos, mientras deja a los que cargan con la mayor parte del trabajo sin el reconocimiento de las funciones que desempeñan ni legal ni retributivamente”, resume Banciella.
A su juicio, “un partido que se dice progresista, que sustenta un Gobierno que se dice progresista, tiene que asumir su responsabilidad, para decirle a su ministra de Justicia que únicamente ha negociado con jueces, fiscales y letrados, y que ha dado la espalda a todos los funcionarios de Justicia, que suponen el 93 por ciento de los trabajadores de la administración de Justicia”. “El PSOE tiene que mandarle al Gobierno un mensaje, que no puede desentenderse de la negociación colectiva de los funcionarios de Justicia, como lleva haciendo el Ministerio desde hace más de dos meses”, censuró Banciella.
Entre sus principales reivindicaciones, los funcionarios denuncian que “hay muchas tareas que se realizan en los juzgados que se le reconocen a un cuerpo pero realmente las está haciendo otro”. “Queremos que esas funciones se nos reconozcan y se nos retribuyan”, afirma.
Según explica, desde un colectivo de letrados de Las Palmas se ha reconocido que los funcionarios son “los más desfavorecidos en la administración de justicia, los que menos retribuciones tienen y que además sufren un reparto de funciones artificioso”. “Por lo que hacemos nosotros, otros cobran productividad y nosotros no”, lamentó.
La cacerolada coincidió en el tiempo con la primera reunión del colectivo con el Ministerio, en Madrid, que se ha producido tras la amenaza de presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo a Pilar Llop por “vulnerar el derecho de negociación colectiva y no convocar al comité de huelga”. En virtud de lo que suceda en ese encuentro, se decidirán los siguientes pasos a dar dentro de una convocatoria de huelga indefinida que está contando con un seguimiento que ronda entre el 80 y el 85 por ciento en Valladolid y en el conjunto del país.
