La actividad cinegética concentra la práctica totalidad de los permisos de armas expedidos en Segovia, donde nueve de cada diez licencias corresponden a los rifles y escopetas que los cazadores emplean en los periodos autorizados a tal fin.
El servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil es el órgano responsable del control, la tramitación y la gestión de las licencias existentes en la provincia, que en la actualidad se acercan a las 6.500, conforme a los datos facilitados por el Instituto armado.
La mayor parte de los permisos expedidos en Segovia corresponden a las categorías D (rifles) y E (escopetas), que suponen cerca del 95 por ciento de los registrados en la provincia. Así, en Segovia capital existen un total de 3.570 permisos relacionados con las categorías antes citadas, de los cuales 1.190 corresponden a rifles y 2380 a escopetas, mientras que en Cuéllas las cifras se reparten en 400 de la categoría D y 923 de la E, y en Sepúlveda son 530 y 800 permisos respectivamente.
Las cifras restantes se reparten en el resto de categorías, que de forma muy residual también se registran en la provincia; donde destaca de forma más significativa las relacionadas con el tiro deportivo, que contabiliza un total de 83 permisos, 73 en Segovia, 5 en Cuéllar y otros tantos en Sepúlveda.
Tras estos datos estadísticos se sitúa el trabajo eficaz y discreto de Intervención de Armas de la comandancia de la Guardia Civil en Segovia, cuyos agentes se encargan del control y la gestión no sólo de los permisos de armas, sino de las actividades de cartuchería, explosivos y pirotecnia que se puedan desarrollar en la provincia.
Por su volumen de trabajo, las armas son las que más ocupan la tarea diaria de este servicio, vinculada siempre a la seguridad ciudadana, ya que su uso delictivo o fraudulento puede dar lugar a problemas que conviene prevenir.
La obtención de un permiso de armas no es un trámite sencillo. Su delicado uso obliga a extremar todas las cautelas posibles a la hora de conceder la licencia, y en este sentido la Guardia Civil lleva a cabo un estricto control de todos los trámites necesarios.
De esta manera, en España un ciudadano no puede tener acceso a un arma sin haber obtenido la preceptiva licencia, cuya tramitación puede llevar entre cuatro y seis semanas, según explican los agentes destinados en este servicio.
Así, tras la presentación de la solicitud, en la que el interesado debe argumentar para qué actividad es la licencia, debe aportarse un certificado psicotécnico homologado, en el que deben acreditarse las condiciones físicas y psíquicas necesarias. Posteriormente, es necesario aprobar un examen teórico-práctico en el que se debe superar un test de 20 preguntas relacionadas con el uso de armas, y una prueba de tiro para acreditar su manejo. Después, el servicio valora la idoneidad del solicitante comprobando en las bases policiales y penales los posibles antecedentes que impidan su concesión por delitos o infracciones.
El permiso de armas debe renovarse cada cinco años, y la renovación exige repetir el proceso a excepción de los exámenes. La edad mínima para solicitar un permiso de armas es de 14 años, y no hay límite de edad para mantenerlo, aunque a partir de los 67 años la periodicidad para la renovación pasa de cinco a tres años.
El servicio de intervención ejerce también como depositario de armas procedentes de otros servicios cuyo uso pueda estar relacionado con la comisión de algún delito, y que permanecen a disposición de la autoridad judicial el tiempo que sea necesario. Además, recoge aquellas que los particulares depositen voluntariamente en el caso que quieran deshacerse de ellas, donde se gestiona su achatarramiento o su inutilización si quieren conservarla en su domicilio.
INSPECCIONES
La actividad en control de armas se centra también en las inspecciones a armerías y tiendas autorizadas para su venta, donde se llevan a cabo de forma programada o aleatoria, siempre con el objetivo de conocer las posibles modificaciones en el inventario de armas y cartuchos, que las tiendas están obligadas a dar a conocer a la Guardia Civil, así como las medidas de seguridad que tienen establecidas en la tienda.
De igual modo, los controles se amplían a las tiendas de comercio minorista que venden pirotecnia (petardos, bengalas…), que están obligadas a comunicar la posesión de este material para su venta.
Pero su trabajo no sólo se centra en las armas. El servicio de intervención lleva a cabo también labores muy importantes en materia de control de cartuchería y explosivos, donde su presencia es preceptiva a la hora de abordar trabajos de voladuras en obras que requieran su uso.
En este sentido, su trabajo se orienta al control de la trazabilidad de los explosivos requeridos desde su origen a su destino, así como el transporte y su posterior empleo en las cantidades requeridas
De igual modo, se establecen medidas de control en los espectáculos pirotécnicos, para dar cumplimiento al reglamento; y de esta manera se realiza el seguimiento de la actividad realizando informes previos en el caso de que la pirotecnia supere los 100 kilos.
Un nuevo sistema para recibir comunicaciones
La incorporación de las nuevas tecnologías también ha llegado al servicio de intervención de armas, que está impulsando un nuevo sistema de comunicaciones dirigido a los usuarios, con el fin de facilitar información sobre aspectos relacionados con la gestión o validez de sus licencias.
Así, los titulares de licencias de armas podrán recibir por correo electrónico o vía sms a través de su teléfono móvil noticias o comunicaciones relacionadas con la caducidad de sus permisos o visados, u otras que puedan resultar relevantes. Esta iniciativa permite el ahorro de una gran cantidad de papel para una mayor protección del medio ambiente, y estos medios serán los únicos para este tipo de comunicaciones, por lo que los poseedores de licencias deberán facilitar su correo electrónico o número de teléfono móvil para acceder a este sistema. En ningún caso, serán medios de notificación de resoluciones que deban surtir efectos conforme a la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
