El juicio del ‘procés’, que mantiene sentados en el banquillo del Tribunal Supremo a 12 líderes independentistas desde el pasado 12 de febrero se acerca a su fin, ya que las sesiones de esta semana pretenden dar por concluida la fase documental. Tras ello las partes anunciarán sus calificaciones definitivas, momento en el que se conocerá si, como es previsible, la Fiscalía mantiene sus peticiones de cárcel por rebelión o se produce alguna modificación o petición alternativa de pena.
Así lo señalaron fuentes jurídicas, que añadieron que lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena dé voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones.
En dicho momento se conocerá si tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras visionar varias horas de vídeos sobre las intervenciones policiales del 1-O la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.
En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.
Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del ‘procés’ —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno— pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.
Malversación
En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia.
Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.
Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal se dará a conocer la de la Abogacía del Estado, cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica.
En principio los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.
