La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de Apelaciones la sentencia que condena a ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, al entender que los hechos deben ser calificados como terrorismo, según informaron fuentes jurídicas.
El Ministerio Público pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas, pero finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Aunque los magistrados impusieron las penas más altas contempladas para los citados delitos, no creen que deban ser penados por los delitos terroristas porque que “no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA”.
El tribunal está de acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares con que la agresión de Alsasua no fue una mera pelea de bar, pero no estima que los condenados “tuvieran la clara intención y finalidad de llevar a cabo alguno de los postulados que tuviera la banda terrorista ETA ni que hubieran asumido en aquella época tales postulados”.
Pensamiento único
“Por lo tanto, no resulta probado que tuvieran intención subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente en la localidad de Alsasua”, explica la Sala en su sentencia.
Sin embargo, la opinión del fiscal José Perals es bien distinta. A su juicio, “se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el ‘pensamiento único’ y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos”. Además, la agresión “sirve de aviso al resto de la población de que esas personas deben ser excluidas”.
El fiscal recuerda en su escrito que la propia sentencia en la que no se estima terrorismo sí aprecia en los ocho condenados una actuación “impregnada por una motivación ideológica derivada de la dinámica de la izquierda abertzale impulsada por el movimiento Ospa, que era uno de los movimientos a su vez impulsados por el frente de masas de ETA” que defiende la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.
“Todo ello lleva a la conclusión de que lo que ocurrió en Alsasua la noche del 15 de octubre de 2016 no fue una pelea de bar ni una trifulca. Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista. Con la finalidad de expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población que no piensa como ellos”, explica Perals.
Aunque la sentencia de la Sala de lo Penal remarca que en el año en que ocurrieron los hechos ETA ya había anunciado el cese de su actividad terrorista, la Fiscalía remarca que aún “persiste una herencia de décadas de terror” que se puede calificar de “terrorismo de baja intensidad” que no es “sino una prolongación del que durante décadas ha imperado en el País Vasco y Navarra y que también se trasladó al resto de España e incluso a Francia”. “ETA no es una simple organización de pistoleros. Es mucho más complejo”, agrega.
