La fiscal anticorrupción Carmen Laúna consideró que no cabe aplicar la ‘doctrina Botín’ en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por lo que defendió que las acusaciones populares y particulares pueden continuar en el proceso. Así lo señaló ayer en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en la que respondió a las cuestiones previas planteadas por las partes acusadas, que consideraban que no existía acusación legitimada para solicitar la apertura del juicio oral, al entender que el único perjudicado fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietario del 61% de Bankia.
La ‘doctrina Botín’ de 2007 establece que, si el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitan sobreseimiento, se archivará la causa. Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa a los 34 imputados, sino solo a cuatro: el expresidente y el exvicepresidente de Bankia, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons.
Identificación
La Fiscalía señaló que no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y que, de haberlo, no sería con carácter exclusivo, ya que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, además de lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo.
Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamiento “es más que relevante” y que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados de la salida a Bolsa de Bankia están legitimados para continuar en el proceso, con lo que no cabría aplicar la “doctrina Botín”.
Respecto a la petición de Bankia de eliminar del proceso a algunos particulares que supuestamente no estarían legitimados para participar en el proceso al no cumplir las condiciones necesarias para ello (el banco solo reconoce la legitimidad de 205, frente a los alrededor de 11.000 demandantes), la Fiscalía señaló que la impugnación de estas acusaciones debería haberse hecho cuando se personaron.
“Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer”, indicó Laúna, quien advirtió, no obstante, que estas personas deberán probar los perjuicios sufridos a lo largo del juicio oral.
