La Fiscalía General del Estado, encabezada por María José Segarra, encargó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue las presuntas actividades delictivas de una empresa que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España.
Tras estudiar los hechos denunciados y la documentación relativa a esta empresa aportada por el Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, la Fiscalía General remitió un oficio a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proceda a analizar las actividades de esta mercantil.
Según explicó la Fiscalía General en un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente para investigar si los servicios prestados por dicha empresa son constitutivos de delitos, “aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España”, como establecen los artículos 23 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias de investigación para valorar los hechos denunciados y estudiará si la documentación aportada hasta el momento es suficiente para ver si existen indicios de delito o es necesario recabar más pruebas, como puede ser documentación, informes periciales, declaraciones de testigos.
Si finalmente, el Ministerio Público considera que la empresa denunciada ha podido incurrir en alguna conducta delictiva, mandará el caso a un juzgado para que se judicialice y comience a investigar los hechos. En caso contrario, procederá al archivo de las diligencias.
La denuncia de la ministra de Justicia en funciones hace referencia a una empresa que presuntamente realizaría servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España y que se ofertaban en una página web, según apostilla la Fiscalía.
Tráfico de personas
Todo ello ha resultado de la investigación que está en trámite en Ucrania donde, a diferencia de España, la gestación subrogada es legal. Así, la documentación remitida al Ministerio Público precisa que los hechos atribuibles pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano.
Hasta el momento, estos hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania, por lo que la Fiscalía advierte que “los indicios existentes están aún en fase embrionaria”.
El Ministerio de Justicia emitió este lunes un comunicado informando de que había instado a la Fiscalía a investigar a las empresas intermediarias de gestación subrogada que operan en España, tras recordar que la gestación por “vientre de alquiler” es una “práctica prohibida” por la legislación española.
Asimismo, señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en España “se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países”.
El Gobierno además, tiene en cuenta otras circunstancias como “la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes” y que, “en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas”.
Por ello, el Ministerio de Justicia precisó que todo ello se hará “sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor”.
