El fiscal de la Audiencia Nacional Javier Polo defendió ayer ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por el presunto blanqueo de cerca de 20 millones de euros procedentes de comisiones, que no ha habido prospección ni ningún tipo de “persecución” en este caso y que la prisión provisional se mantuvo porque “difícilmente puede negarse que había riesgo de fuga”.
“Persecución no ha habido de ninguna clase y mucho menos porque uno de los acusados haya sido, sea o deje de ser presidente de un determinado club de fútbol”, destacó el fiscal durante el alegato presentado en la recta final del juicio, que arrancó el pasado 25 de febrero y que encara su fase final con las conclusiones de las partes sobre las tres operaciones económicas objeto del procedimiento.
Se trata de la venta de derechos audiovisuales de la Confederación Brasileña de Fútbol firmada con su presidente Ricardo Terra Teixeira; de un contrato de patrocinio del mismo equipo a través de su sociedad Uptrend Unlimited y de la venta ya en España de su empresa Bonus Sport Marketing, operaciones en las que de acuerdo a la acusación, Rosell habría obtenido comisiones y habría blanqueado las del propio Teixeira con implicación de los otros cinco acusados, miembros de su entorno.
Sentencia condenatoria
Polo defendió que se dicte sentencia condenatoria, manteniendo no obstante la rebaja tanto en las penas como en las multas que solicitó la semana pasada tras cambiar la calificación de los hechos: La acusación inicial por blanqueo continuado se queda en cargos por blanqueo y la de organización criminal, en grupo criminal, lo que ha reducido la solicitud de condena para todos los acusados.
Para la Fiscalía, no hay duda de que “se ha descubierto un negocio ilícito con un dinero de origen ilícito” gestionado por “personas agrupadas que buscaban un propósito común, enmascarar el seguimiento de capitales ilícitos procedentes de actuaciones de carácter delictivo cometidas por Ricardo Terra Teixeira”.
“Es una legítima investigación, objetiva y eficaz y toda ella gira en torno a una ilicitud de base, el elemento nuclear, y se tira del hilo y permite levantar el velo. La ilicitud se produce porque el dinero deja rastro. Esta trazabilidad y determinación la existencia de un delito de blanqueo ha sido acreditada”, destacó el representante del Ministerio Público.
En concreto, basó su acusación en “ocho fuentes legítimas en esta investigación que eliminan toda posibilidad de que haya habido un carácter prospectivo”, la comisión rogatoria de EEUU por la que se iniciaron las actuaciones, las diligencias de las fiscalías de la Audiencia Nacional y la Provincial de Barcelona, la UDEF, la Unidad de Blanqueo del Banco de España, la Agencia Tributaria y las comisiones rogatorias de Andorra, Brasil y Suiza.
