La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer ocho años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al entender que después de ocho meses de juicio “ha quedado acreditado” que la entidad salió a Bolsa falseando sus cuentas, delito que achaca a otras trece personas, incluido el exministro del Interior Ángel Acebes.
La Audiencia Nacional reanudó ayer la vista por el debut bursátil de la entidad con una jornada clave para la treintena de acusados que, como Rato, regresaron al banquillo desde que el pasado febrero el tribunal los eximiera de acudir a las sesiones.
El anuncio de la Fiscalía, que hizo suyos los argumentos de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), desencadenó momentos de intranquilidad entre los exconsejeros del banco, algunos con la respiración entrecortada tras conocer que ahora también son los protagonistas del nuevo escrito del Ministerio Público, algo inédito hasta la fecha.
Aunque las conclusiones provisionales se limitaban a los cuatro antiguos administradores de Bankia -Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú-, por presunta estafa a inversores, la fiscal Carmen Launa percibe que se falsearon las cuentas de 2010 y las de 2011.
Hechos por los que eleva desde cinco a ocho años y medio de prisión la petición inicial para Rato, quien “en todo momento” comandó la iniciativa para la salida a Bolsa junto a los ejecutivos de BFA-Bankia, sostiene el escrito de Anticorrupción.
capital público
Para Launa, el debut bursátil de julio de 2011 buscó evitar la entrada de capital público en la entidad, y por ende un cambio “profundo” en la gobernanza; así pues, en la decisión final concluyeron los intereses públicos con “los privados de los administradores de Bankia de conservar sus puestos en la ya entonces cuarta entidad financiera”.
De la salida a Bolsa, la Fiscalía responsabiliza de pleno a Rato, quien se aprovechó de su “prestigio” como exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y de haber sido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para encarnar “el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”.
Pero también al que fuera su número dos, José Luis Olivas, quien “no sólo participó en las decisiones que ocultaron la realidad en los estados del grupo, sino que desde la privilegiada situación que ostentaba como presidente de Bancaja -una de las siete cajas de BFA- y Banco de Valencia” no incluyó las advertencias debidas en el folleto.
Por este motivo, solicita para él cinco años de prisión por presunta falsedad en las cuentas de 2010, delito al que suma el de estafa a los inversores y por el que la Fiscalía reclama para el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella hasta seis años de prisión.
No obstante, rebaja su petición para el antiguo vicepresidente de Bankia Francisco Verdú a entre seis o nueve meses de prisión, dependiendo de la lectura del Código Penal, pues a pesar de su “destacada situación” no se ha probado que “hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros”.
La otra novedad de Anticorrupción es que extiende su acusación a integrantes de los consejos del grupo y de sus comités de auditoría, como Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y medio de prisión), Miguel Ángel Soria (dos años), Alberto Ibáñez (un año y seis meses), y Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José Rafael García Fuster (un año de prisión sustituible por multa).
En este apartado, incluye al exministro Ángel Acebes, para quien reclama hasta un año y medio de cárcel pues, pese a presidir el Comité de BFA, no advirtió en 2012 de los ajustes aún sin registrar de los que había alertado previamente el auditor externo.
Con todo, este celo no exime al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, al que pide dos años de prisión ya que, “en connivencia con los anteriores, emitió un informe favorable” de las cuentas usadas en la integración “omitiendo conscientemente” cualquier diligencia en su “limitado, anómalo e irregular análisis”.
Pena similar a la que se enfrenta el interventor de Bankia, Sergio Durá, que “ocultó la información que habría debido proporcionar a los miembros del Consejo”.
