El Gobierno dará 15 días a la familia de Francisco Franco para recoger los restos del dictador de la tumba del Valle de los Caídos y que se haga cargo de su familiar y si no lo hace, será el propio Ejecutivo el que decida en “qué lugar digno y respetuoso” se reubican esos restos fuera del Valle de los Caídos.
El Ejecutivo, a través de la abadía benedictina que custodia la basílica, ha tenido conocimiento de un escrito de la familia Franco avisando de que no se harán cargo de los restos, pero el Gobierno sólo se dará por enterado de los deseos de la familia durante el trámite formal, explican fuentes del Ejecutivo.
En el caso de que tuviera que ser el Gobierno el que decidiera dónde inhumar los restos de Franco, el Consejo de Ministros debería aprobar una nueva decisión en este sentido.
Calvo justificó la urgencia de exhumar a Franco del Valle de los Caídos porque resulta “inasumible” para una democracia consolidada como la española mantener al dictador “en una tumba de Estado” al lado de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Su permanencia en el Valle de los Caídos, advirtió, incumple la prohibición expresa en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.
El Gobierno no contempla la hipótesis de que, llegado el momento de iniciar los trabajos de exhumación, la abadía benedictina que custodia la basílica se opusiera. Pero incluso en ese escenario, explicó Calvo, los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede facultarían al Gobierno para proceder con la exhumación, según el estudio jurídico que hizo el Ejecutivo de la cuestión.
Calvo confirmó la voluntad del Gobierno, como avanzó el jueves la número dos del PSOE, Adriana Lastra, de no convertir la exhumación de Franco en un espectáculo. De modo que, cuando se hagan los trabajos de exhumación, se realizarán con discreción y decoro para evitar que, si la opinión pública es consciente del día y hora de esos trabajos, llegue una avalancha de curiosos o exaltados a la basílica.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros tiene una “caducidad máxima” de doce meses, por lo que de aquí a un año debe completarse el proceso. No obstante, los cálculos del Gobierno es que la exhumación pueda llevarse a cabo en el entorno de finales de año.
